El pasado 16 de diciembre, en la comisión sexta del senado, se aplazó el primer debate del proyecto de ley, más conocido como el Acuerdo Nacional por la Educación Superior, cuyo objetivo es modificar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, que versan sobre el presupuesto de las universidades públicas y sus incrementos. En el marco de esta discusión, se anunciaron audiencias públicas para el primer periodo legislativo de 2025
El proyecto presentado por el Ministerio de Educación al Congreso propone una reforma que buscará una distribución más equitativa de los recursos para las instituciones de educación superior. Además, incluirá a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, que representan más del 20% de la matrícula nacional, dentro de un esquema de financiamiento sostenible.
Establece un nuevo modelo de financiación basado en un ajuste progresivo de los recursos asignados, priorizando el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y fortaleciendo la base presupuestal de las IES públicas. Este esquema permitirá:
Incrementar los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones públicas, actualmente en 0.55% del PIB, hacia niveles similares a los de países de la OCDE, superiores al 1%.
Regionalizar la educación superior para llegar a los más de 800 municipios que hoy no cuentan con oferta educativa.
Garantizar mejores condiciones de bienestar para estudiantes y docentes, con enfoque en la dignificación del trabajo y protocolos efectivos contra la violencia de género.
Volviendo al congreso, esta iniciativa legislativa cuenta con el respaldo de más de 70 congresistas de diferentes sectores, y representa un paso firme hacia una educación superior pública y de calidad, alineada con los estándares internacionales y las necesidades de Colombia.
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