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Ley de Competencias con recursos: un paso clave para una descentralización efectiva

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    boletin028
  • 11 abr
  • 3 Min. de lectura

En el marco de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), el Gobierno Nacional avanza en la estructuración de una Ley de Competencias que permitirá a los entes territoriales asumir nuevas funciones con respaldo financiero, técnico e institucional. Esta legislación, que deberá entrar en vigencia el 1 de enero de 2027, es fundamental para garantizar que la descentralización administrativa y fiscal del país sea efectiva, equilibrada y sostenible.


Como parte de la reforma al SGP, se ha establecido que los territorios recibirán gradualmente hasta el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), frente al 22 % que actualmente reciben. Este aumento sustancial en las transferencias exige, a su vez, un rediseño de la distribución de responsabilidades entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.


“Es necesario que las regiones crezcan, y para eso necesitamos reducir el tamaño funcional del Estado central. La descentralización no es solo una promesa; debe ser una transformación con normas claras, capacidades locales y sobre todo con recursos”, afirmó el viceministro de Hacienda, Alejandro Ariza, durante el foro ‘Hacia un nuevo modelo de descentralización’, organizado por el Congreso de la República y el diario EL TIEMPO en Villavicencio el pasado 27 de marzo.

El proyecto de Ley de Competencias será presentado por el Ministerio de Hacienda el próximo 20 de julio, y ha sido construido de manera articulada con el Departamento Nacional de Planeación y los ministerios de Salud, Educación, Interior y Vivienda. Esta normativa definirá los marcos funcionales de las competencias asignadas, así como los recursos asociados a cada una, para garantizar que el cierre de brechas sociales, uno de los principales objetivos del Estado, se logre de manera eficaz desde lo local.

Fuente: El Portafolio
Fuente: El Portafolio

La nueva ley también establecerá “competencias diferenciadas”, reconociendo que no todos los territorios cuentan con el mismo nivel de desarrollo ni capacidad institucional. Esta diferenciación permitirá avanzar de manera progresiva, sin frenar a los municipios o departamentos con mayor capacidad, pero brindando apoyo a aquellos que requieren fortalecimiento.

“No todos los territorios tienen la misma línea de partida, pero todos deben poder llegar a la meta. Con esta ley vamos a pactar una descentralización justa, gradual y adaptada a las realidades de cada región”, indicó Margarita Villamizar, asesora del Ministerio del Interior.

Herramientas como el catastro multipropósito, los planes departamentales de agua estructurados, y la creación de sistemas de información técnica en tiempo real, serán elementos clave para mejorar la planeación y ejecución de políticas públicas en los territorios. Estas herramientas, en muchos casos, serán gestionadas por la Nación, pero con amplia articulación territorial.

“La Nación debe asumir la responsabilidad técnica de desarrollar y actualizar herramientas que permitan delegar con información confiable. No se puede avanzar en descentralización con mapas incompletos”, advirtió Julián Pérez, subdirector técnico del IGAC.
“No somos menores de edad. En los territorios hay talento humano capacitado, solo necesitamos que nos den la oportunidad y nos incluyan en procesos de formación y toma de decisiones”, expresó Sandra Ramírez, gobernadora del Meta, en una de las intervenciones más aplaudidas del foro.

El principal desafío será fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y fiscales de las entidades territoriales para garantizar que puedan asumir con éxito las funciones que les serán delegadas. Para ello, el Gobierno Nacional promoverá espacios de diálogo regional, formación, asistencia técnica y construcción conjunta de esta ley, con la participación activa de mandatarios locales, academia, ciudadanía y organizaciones sociales.

“Los mandatarios regionales no somos meros pagadores. Queremos participar activamente en la definición de nuestras políticas públicas, y esta ley es la oportunidad para hacerlo”, subrayó Luis Carlos Restrepo, alcalde de Pasto.

Esta transformación institucional permitirá avanzar hacia un modelo de Estado más eficiente, equitativo y conectado con las realidades del territorio, marcando un hito en la historia de la descentralización en Colombia.


 
 
 

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