La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para encontrar responsables por el presunto manejo irregular de los fondos de cuatro prestadoras de salud: Coosalud, Servicio occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS, situación que fue denunciada por la Superintendencia de Salud que denunció además que, al parecer, parte de los dineros habrían sido desviados hacia paraísos fiscales.
La red de desvíos, presuntamente liderada por Mario Andrés Urán, asesor de Coosalud, habría utilizado su posición para influir en la distribución de contratos y pagos a ciertas IPS, y las investigaciones apuntan a una red más amplia de colaboradores, incluidos funcionarios públicos y abogados, que habrían facilitado estas operaciones.
Los desvíos y mal manejo de recursos fue realizado mediante el esquema de postulación de pagos, un proceso en el cual los interventores de las EPS determinan mensualmente cómo distribuir los recursos recibidos del Gobierno. Con este se habrían realizado pagos desproporcionados a ciertos prestadores, mientras que otros quedaron sin recibir los montos adeudados, sin justificación alguna.
Ante la gravedad de las acusaciones, el nuevo superintendente de salud, Giovanny Rubiano, decidió reemplazar a los agentes interventores de las EPS intervenidas. Mientras tanto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha declarado que el caso está en manos de las autoridades competentes.
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