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Gobierno Nacional les cumple a los pueblos indígenas con la aprobación del decreto para la gestión catastral multipropósito en sus territorios

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    boletin028
  • 2 may
  • 3 Min. de lectura

 En un hecho histórico para los pueblos indígenas del país, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0462 de 2025, mediante el cual se reglamenta la implementación de la política de Catastro Multipropósito en territorios colectivos legalmente formalizados. Esta norma permitirá a las comunidades indígenas efectuar directamente la operación catastral en sus territorios, garantizando un enfoque étnico, intercultural y de participación comunitaria.


El decreto es el resultado de un trabajo articulado entre múltiples entidades del orden nacional —entre ellas el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los Ministerios del Interior, Cultura, Justicia y Agricultura— y las autoridades indígenas representadas en la Mesa Permanente de Concertación (MPC). Esta colaboración busca consolidar un modelo de gestión catastral que reconozca la autonomía territorial, la diversidad cultural y la protección de los derechos bioculturales de los pueblos indígenas, en línea con el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.

Fuente: El Pilón
Fuente: El Pilón
“El Gobierno Nacional cumple con los pueblos indígenas al garantizar la implementación y materialización del artículo 45 de la Ley 2294 de 2023, que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026. Con este Decreto, contribuimos a proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación, salvaguardar los derechos de los territorios indígenas y promover la efectividad de sus derechos económicos y culturales, respetando su identidad, costumbres, tradiciones e instituciones,” afirmó Gustavo Marulanda Morales, director del IGAC.

El Catastro Multipropósito no crea, modifica ni extingue derechos de propiedad, ni altera el régimen jurídico de los territorios indígenas. Su objetivo es generar información que contribuya a la seguridad jurídica, la planificación territorial, la gestión ambiental, la toma de decisiones y el acceso a derechos, respetando los sistemas de conocimiento y las formas organizativas propias de los pueblos originarios. Por su parte, Antonio Avendaño, director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP, destacó:

“Este decreto es un paso más hacia la construcción de un Sistema de Administración del Territorio democrático, que reconoce el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Refuerza el carácter multipropósito del catastro al integrar distintos usos y apropiaciones de la información territorial por parte de las comunidades”.

La implementación del Decreto 0462 permitirá avanzar en la actualización catastral de cerca de 33 millones de hectáreas correspondientes a territorios colectivos indígenas. Esto implica el levantamiento de información sobre predios, construcciones y recursos dentro de los resguardos, respetando las dinámicas culturales y territoriales de cada pueblo.


Silvia Tello, coordinadora del componente indígena de diálogo social del IGAC, explicó: “Este instrumento normativo define las reglas para que los pueblos indígenas sean los operadores catastrales en sus territorios formalizados. Es una apuesta por un catastro con enfoque étnico y diferencial, que no vulnera derechos de propiedad ni el régimen legal de los territorios, sino que los fortalece como base para una planeación propia y el acceso a derechos”.

Entre los beneficios más relevantes del decreto están el fortalecimiento de la autonomía territorial, la transparencia en la gestión de la información, y la posibilidad de que los pueblos indígenas participen directamente en el levantamiento de datos sobre sus territorios y recursos naturales.


Además, se consolidan insumos clave para la planificación territorial con pertinencia cultural, la formulación de políticas públicas, y el avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz. La gestión catastral también servirá como herramienta para impulsar oportunidades de desarrollo sostenible en comunidades que han sido históricamente excluidas y afectadas por el conflicto armado.


Con esta reglamentación, Colombia reafirma su compromiso con los derechos de los pueblos étnicos, la equidad territorial, la justicia social y la sostenibilidad de la paz.


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