Gobierno Nacional evalúa impactos de la actividad petrolera en comunidades indígenas del Putumayo
- boletin028
- 11 abr
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En el departamento del Putumayo, en límites con la frontera ecuatoriana, comunidades indígenas de los pueblos siona e inga han manifestado su preocupación por las afectaciones ambientales, sociales, culturales y espirituales que han percibido como consecuencia de la actividad petrolera en sus territorios. Las zonas más señaladas corresponden a los alrededores de los resguardos Buenavista y Wuasipungo, en el municipio de Puerto Asís, donde operan empresas como La Nueva Amerisur y Gran Tierra Energy.
De acuerdo con la información obtenida por este medio, así como con el seguimiento realizado por instituciones como el Instituto SINCHI, la Corporación Integral del Medio Ambiente (CIMA) y la Fundación Ambiente y Sociedad, los impactos estarían relacionados con la contaminación del agua, la fragmentación de humedales, el ruido generado por la maquinaria, la deforestación, y afectaciones a los sistemas de gobernanza y medicina tradicional de los pueblos indígenas.
Afectaciones al agua y al ecosistema
Las comunidades han advertido un cambio sustancial en su relación con el agua. El pueblo siona, para quienes el río Putumayo y sus afluentes son fundamentales para su vida cotidiana, sus prácticas culturales y sus rituales con el yagé, asegura que ya no es posible consumir ni utilizar el agua de las quebradas ni de los ríos. “Todo sabe a petróleo. Los peces ahora son más pequeños, saben diferente, a gasolina, y no se pueden comer desde que llegó la petrolera”, indicó uno de los miembros del resguardo Buenavista, quien prefirió omitir su nombre por motivos de seguridad.
“Todo sabe a petróleo. Los peces ahora son más pequeños, saben diferente, a gasolina, y no se pueden comer desde que llegó la petrolera”, denunció un habitante del resguardo Buenavista.
Según informes de CIMA, se han reportado alteraciones en cuerpos de agua como el Caño Singuiya, considerado sagrado para el pueblo siona, y el humedal tipo Cananguchal, afectado por la construcción de la carretera La Aldea - La Rosa, que conecta campos petroleros. El informe resalta que “el pH presenta una concentración de 5,9 unidades, valor considerado medianamente ácido, influenciado por residuos de hidrocarburos”, lo cual afecta la salud del ecosistema y la productividad agrícola de las chagras.
Denuncias y seguimiento institucional
En 2017, una comisión de verificación de derechos humanos compuesta por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, realizó una visita a la zona. La comisión constató afectaciones sociales, culturales y ecológicas, y recomendó la elaboración de estudios ambientales para determinar el alcance de los impactos. No obstante, según las comunidades, después de siete años no se conocen avances ni resultados de estos estudios.
Más recientemente, la Fundación Ambiente y Sociedad, junto con el proyecto “Hasta la Última Gota”, ha documentado 28 infracciones ambientales asociadas a la industria de hidrocarburos en la Amazonía entre 2013 y 2024. De estos casos, 19 corresponden a contaminación del ecosistema. Las empresas Gran Tierra y La Nueva Amerisur concentran el 40% de las infracciones. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), según datos de la FCDS, recibió 49 denuncias por infracciones ambientales entre 2019 y 2023 en Putumayo.
Testimonios sobre impactos a la salud y la espiritualidad
Uno de los aspectos más sensibles para los pueblos indígenas es la pérdida de acceso a sus fuentes sagradas de agua y la imposibilidad de realizar rituales espirituales con normalidad. “No podemos hacer nuestros viajes de yagé”, expresó un taita del pueblo siona. El agua, elemento central en la medicina tradicional, ya no puede ser utilizada para preparar el yagé ni para la purificación espiritual. Además, se reportan enfermedades en la piel en niños que entran en contacto con el agua de ríos y caños.
En el caso del pueblo inga, se denunció un derrame de hidrocarburos ocurrido el 2 de octubre de 2024 en la quebrada Danra Iaku. Según Ambiente y Sociedad, el derrame fue causado por la apertura de válvulas de camiones cisterna por personas no identificadas. La quebrada no solo es fuente de agua, sino un corredor de especies nativas y un camino ancestral. La empresa Gran Tierra reportó la recolección de 1.000 galones de mezcla de crudo y agua, sin que se tenga información sobre una remediación integral.
“El agua donde se hierve el yagé está contaminada. Doy vueltas y no puedo viajar por el territorio”, explicó un taita siona, refiriéndose a la imposibilidad de realizar los recorridos espirituales en su visión chamánica.
Reacción de las autoridades
Corpoamazonia, autoridad ambiental en la región, indicó en respuesta a un derecho de petición que no es la entidad encargada de conceder licencias ambientales, pero sí recibe denuncias. Actualmente, en Puerto Asís hay tres expedientes activos por derrames: uno de aguas residuales y dos de hidrocarburos, presuntamente responsabilidad de La Nueva Amerisur. La empresa no ha emitido pronunciamiento público.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente no respondió a la solicitud de información presentada por periodistas del medio Rutas del Conflicto. Esto ha generado preocupaciones sobre la transparencia en el manejo de denuncias y el seguimiento institucional.
Protección territorial y resistencia indígena
Ante la continuidad de las operaciones y los efectos señalados, los pueblos indígenas han fortalecido sus formas de organización. La Guardia Indígena, conocida como los “cuiracuas”, realiza recorridos de vigilancia territorial. Se encargan de la protección física y espiritual de los resguardos, frente a amenazas tanto ambientales como de actores armados ilegales.
“La apertura de la carretera La Rosa es para el servicio de la petrolera y han dañado un cananguchal”, denunció uno de los habitantes. Además, se reportan casos de desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas a líderes indígenas.
En palabras de la abogada Laura Espinosa, experta en derecho ambiental y consultada para este reporte: “Los accidentes propios de la actividad petrolera son aquellos que ya se presupone que ocurrirán. A menudo no se reportan o se justifican con facilidad. Todo depende del nivel de transparencia de la empresa”.
Un llamado a la articulación institucional
El Gobierno Nacional, a través de sus entidades competentes, trabaja por consolidar una estrategia integral de protección a los pueblos indígenas en vía de extinción y de mitigación de los impactos ambientales en la Amazonía. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y la ANLA están llamados a fortalecer los mecanismos de monitoreo, verificación y diálogo con las comunidades.
Se hace necesario avanzar en la implementación de estudios técnicos, así como en procesos de consulta previa, reparación integral y restauración ambiental. La articulación interinstitucional será clave para proteger la vida, la biodiversidad y los saberes ancestrales de los pueblos siona e inga.
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