En la actual coyuntura fiscal de Colombia, la relación entre la Regla Fiscal (RF) y el Sistema General de Participaciones (SGP) presenta una serie de retos complejos que el Gobierno Nacional debe enfrentar con responsabilidad, especialmente en el contexto de las propuestas de la Misión de Descentralización. La formulación de la política fiscal debe considerar las restricciones establecidas por la RF, así como el comportamiento del SGP, que impacta directamente en el gasto público y la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo.
Orígenes y Evolución del SGP
El SGP, que estructura las transferencias de recursos del gobierno central a las entidades territoriales, ha sido objeto de reformas continuas desde la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2001. Esta reforma surgió con el objetivo de equilibrar la distribución de recursos entre los diferentes niveles de gobierno. Durante los primeros años del siglo XXI, el SGP se mantuvo relativamente estable, con una tendencia decreciente que ha promediado alrededor del 4% del PIB entre 2001 y 2023.
No obstante, el panorama está cambiando. La fórmula de crecimiento del SGP, ajustada en 2018 para incluir el comportamiento de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), prevé un aumento significativo de las transferencias a partir de 2027. Según estimaciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023, el SGP podría representar hasta un 5.5% del PIB en los próximos años, lo que genera una presión considerable sobre el gasto primario del gobierno.
Sin embargo, con las actualizaciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024, con una senda de ingresos más realista debido al sinceramiento de los ingresos tributarios, se esperaría un menor aumento del SGP. Esto último pondría en entredicho las mismas propuestas de la Misión de Descentralización, pues dejaría sin posibilidad de financiamiento.
La Regla Fiscal: límites y desafíos
La Regla Fiscal, creada en 2011 mediante la Ley 1473, establece límites a los agregados fiscales para mantener una senda de sostenibilidad de la deuda pública y trazar una hoja de ruta para el balance fiscal. La modificación de la RF en 2021, tras los desafíos económicos de la pandemia, añadió componentes relacionados con la deuda pública para fortalecer su sostenibilidad.
Para cumplir con la RF, el balance fiscal total debe ajustarse de un déficit del 5.6% del PIB en 2024 a un 3.6% en 2027, lo que implica una reducción del déficit de 2.0 puntos porcentuales. Este ajuste no solo es ambicioso sino también arriesgado, dada la vulnerabilidad de la economía colombiana a choques externos.
Gasto público y transferencias del SGP
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024, el gasto total del Gobierno Nacional Central (GNC) debe reducirse del 22.8% del PIB en 2024 al 21.8% en 2027, principalmente a través de recortes en los intereses de la deuda pública y el gasto primario. Sin embargo, al mismo tiempo, las transferencias del SGP están proyectadas para aumentar. Este escenario crea un reto doble para la política fiscal: realizar una reducción del gasto de 1 pp del PIB mientras se incrementan en un escenario optimista por lo menos 1 pp del PIB las transferencias del SGP.
Este ajuste, equivalente a dos reformas tributarias, es una carga considerable para un gobierno que ya enfrenta inflexibilidades significativas en su gasto público. La consecuencia directa es una reducción drástica de la inversión pública, situándola en niveles históricamente bajos. La inversión pública, clave para el crecimiento económico y la política social, podría caer por debajo del 1% del PIB en el mediano plazo, afectando negativamente la acumulación de capital productivo y el desarrollo sostenible del país.
Propuestas para un futuro sostenible
Para mitigar estos desafíos, las propuestas de descentralización y cualquier modificación al gasto público deben ser cuidadosamente consideradas en el marco de la RF. Sin un análisis exhaustivo, el cumplimiento de las obligaciones fiscales se vería comprometido, llevando a ajustes drásticos difíciles de implementar.
El aumento de las inflexibilidades del gasto debido al SGP y las rentas de destinación específica requiere una reevaluación de los arreglos institucionales y las competencias de las entidades territoriales. Es crucial encontrar un equilibrio que permita financiar eficientemente el incremento del gasto público sin imponer presiones excesivas sobre la Nación. En este sentido, se propone:
Estabilidad y predictibilidad del SGP: Construir un escenario de crecimiento estable para el SGP en las próximas décadas, complementado con una regla que permita ajustes en su participación. Esto garantizaría una mejor planificación fiscal a largo plazo.
Reevaluación de competencias: Redefinir las competencias de los diferentes niveles de gobierno y de los establecimientos públicos del orden nacional. Esto permitiría una asignación más eficiente de recursos y una mayor contribución a la financiación del gasto social.
Eficiencia del gasto público: Aumentar la eficiencia del gasto público, dirigiéndolo hacia inversiones sociales y productivas que impulsen el desarrollo sostenible. Esto incluye una revisión detallada de los programas y proyectos financiados con recursos del SGP para asegurar su impacto positivo en la sociedad.
En resumen
El manejo adecuado de la RF y el SGP es crucial para la estabilidad económica de Colombia. La interacción entre estos dos elementos requiere un enfoque equilibrado y bien planificado que permita al Gobierno Nacional cumplir con sus objetivos fiscales sin sacrificar la inversión pública y el desarrollo social. La clave estará en adoptar una visión de largo plazo que dé prioridad a la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad del gasto público. Solo así se podrá asegurar un futuro próspero y estable para todas las regiones del país.
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