El Caribe y la Nación: el verdadero debate sobre la descentralización y el futuro del SGP
- boletin028
- 6 jun
- 3 Min. de lectura
En los últimos meses, diversos sectores políticos del Caribe colombiano han impulsado nuevamente la transformación de la actual Región Administrativa de Planificación (RAP) Caribe en una Región Estratégica Territorial (RET), como fórmula para lograr mayor autonomía y protagonismo en las decisiones de inversión pública.
Sin embargo, esta iniciativa ha reabierto un debate mucho más profundo y urgente: ¿cómo avanzar hacia una descentralización fiscal y territorial efectiva que permita cerrar las brechas sociales y económicas en las regiones? ¿Y cómo lograr que el Sistema General de Participaciones (SGP) cumpla realmente su propósito de garantizar el acceso equitativo a derechos básicos como la educación, la salud y el agua potable?
Ocho años después de su creación, la RAP Caribe no ha logrado estructurar ni ejecutar proyectos estratégicos de impacto regional. Las críticas apuntan a su falta de incidencia real sobre las decisiones de inversión, su bajo perfil técnico y la escasa apropiación ciudadana del proceso de integración regional.
Ante esto, la conversión en RET podría representar un avance institucional. Pero la gran pregunta persiste: ¿de qué sirve crear nuevas figuras territoriales si no se garantiza la asignación de recursos para cumplir sus funciones? La experiencia demuestra que sin financiación ni competencias claras, la descentralización se queda en el papel.
El debate de fondo: la redistribución de los ingresos corrientes de la Nación
La discusión sobre la descentralización en Colombia no se agota en las figuras administrativas. El punto central está en la distribución de los recursos públicos. En 2024, los ingresos corrientes de la Nación (ICN) ascienden a $266,8 billones, pero solo el 26,4% se transfiere a las entidades territoriales a través del SGP.
En contraste, la Constitución de 1991 —reformada por el Acto Legislativo 01 de 2001— había definido que el 46,5% de los ICN debía destinarse progresivamente a financiar salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Si esa meta se hubiera cumplido, los departamentos y municipios habrían recibido $572 billones adicionales entre 2002 y 2025, lo que hubiera transformado la vida de millones de personas en las regiones más excluidas del país.
Este desfase entre lo ordenado por la Constitución y lo efectivamente transferido es una de las causas estructurales del rezago social del Caribe y otras regiones periféricas. En lugar de ampliar las transferencias, la Nación ha retenido competencias sin corresponderlas con recursos suficientes, vulnerando así el propósito redistributivo del SGP.
Más recursos ≠ mejores resultados
Otro tema crítico es la baja ejecución y el escaso impacto de los recursos del SGP en los territorios. Aunque las transferencias han aumentado un 42,4% entre 2022 y 2024, no se evidencian mejoras sustantivas en salud o educación. Esto pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la capacidad de planeación, ejecución y control en las entidades territoriales.
Además, la corrupción local, la captura institucional de los entes de control y la falta de transparencia siguen siendo obstáculos estructurales que impiden que los recursos del SGP cumplan su propósito de mejorar la calidad de vida de la población.
Descentralización para transformar territorios
El verdadero debate no es simplemente jurídico o administrativo. Es profundamente político y ético: ¿Queremos un país que redistribuya equitativamente sus recursos, respete la autonomía territorial y garantice derechos en todo el territorio? ¿O uno que siga concentrando el poder y la riqueza en el centro?
El Caribe y otras regiones tienen hoy la oportunidad histórica de liderar un pacto nacional por la descentralización. Pero ello exige no solo pedir más recursos, sino comprometerse con mejores instituciones, con planificación de largo plazo, con una ciudadanía activa y con un nuevo modelo de desarrollo que ponga la vida y la dignidad de las personas en el centro.
El SGP no es solo una fórmula presupuestal, es un instrumento de justicia territorial. Defender su propósito y transformarlo con inteligencia y responsabilidad es el verdadero desafío.
Comments