El Senado de Colombia ha dado luz verde a una reforma fundamental al Sistema General de Participaciones (SGP) que tiene como objetivo aumentar las transferencias de recursos a las entidades territoriales del país, priorizando sectores como salud, educación y agua potable. La iniciativa pretende mejorar la equidad en la distribución de fondos y fortalecer la autonomía regional para optimizar el uso de estos recursos. Este cambio busca apoyar de manera directa a áreas rurales y comunidades vulnerables, que enfrentan barreras significativas para acceder a servicios básicos de calidad.
La modificación del SGP, un sistema creado para distribuir recursos del gobierno central a nivel regional, ha sido impulsada en respuesta a demandas crecientes de financiación en sectores críticos, especialmente en territorios alejados donde la oferta de servicios básicos enfrenta retos importantes. Con el aumento de las transferencias, el gobierno pretende que las autoridades locales tengan mayor capacidad de gestión para cubrir las necesidades específicas de sus poblaciones, en un esfuerzo por garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales en todo el país.
El proyecto superó su sexto debate y ahora deberá superar dos más en la Cámara. La iniciativa, que deberá superar dos debates más en Cámara, consiste en modificar los artículos 356 y 357 de la carta magna. Esta fue aprobada con 75 votos por el sí y 2 no. Actualmente, las transferencias están alrededor del 24% de los Ingresos Corrientes de la Nación. En un principio, el proyecto de reforma buscaba establecer que el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios representara mínimo el 46,5% de los ingresos de la Nación. Sin embargo, durante la plenaria se acordó entre las distintas fuerzas políticas, con la Casa de Nariño presente, que será el 39,5%.
Además, se contempla que esta transición se materialice de manera gradual durante 12 años. Sin embargo, todo está condicionado a una ley de función de competencias, la cual debe ser tramitada en un plazo máximo de dos años después de aprobada la reforma constitucional. “Si no nos ponemos de acuerdo en una ley de competencias, pues el primero de enero seguirá calculándose el SGP tal y como se hace actualmente pero habremos fracasado como sociedad en la búsqueda de consensos y en avanzar en autonomía territorial”, opinó el Ministro de Interior Juan Fernando Cristo.
No obstante, hay voces que alertan que esta iniciativa generará un impacto negativo. "El proyecto de acto legislativo agravaría la situación. La inflexibilidad del gasto del Presupuesto General de la Nación aumentará considerablemente. No se apoya el proyecto en una redistribución clara de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales, asunto que se deja para que leyes posteriores, de incierto trámite, resuelvan esa situación", aseguraron 27 exministros y viceministros de Hacienda, entre ellos Alberto Carrasquilla, María Mercedes Cuéllar, Juan Carlos Echeverry, Rudolf Hommes, Bruce McMaster, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo.
Asimismo, hubo críticas porque se votó en bloque y no por cada uno de los artículos. De hecho, Angélica Lozano, de Alianza Verde, se abstuvo de votar. Adicionalmente, el senador Juan Felipe Lemos, del Partido de ‘la U’, expresó su preocupación por el pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto, puesto que reconoció que el proyecto se aprobó sin el suficiente debate. Finalmente, el senador Carlos Fernando Motos, de Cambio Radical, expresó “¿Dónde está el rigor técnico en la discusión que estamos hoy dando? ¿Qué ocurre con los gastos que se destinan del recurso de la nación a los gastos inflexibles? ¿Garantizamos que el sector defensa no se va a ver afectado con esta reforma? ¿Podemos garantizar el pago de las pensiones en el futuro? ¿Podemos garantizar que el servicio de la deuda no será afectado? ¿Quién responde estos interrogantes?”.
Fuente: El Tiempo.
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