Retos y oportunidades de las comunidades indígenas como autoridad ambiental

El Decreto 1275 del 15 de octubre de 2024, promulgado en el marco de la COP16, ha sido presentado por el Gobierno Nacional como un paso crucial hacia la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia, al reconocerlos como autoridades ambientales en sus territorios. Este decreto busca que las comunidades indígenas asuman un rol protagónico en la gestión ambiental de sus ecosistemas, respetando y promoviendo sus conocimientos ancestrales para la protección de la biodiversidad.

Este reconocimiento no es fortuito. Desde la Constitución Política de 1991, se ha establecido la necesidad de respetar la diversidad étnica y cultural del país, así como la obligación de avanzar en la conservación del medio ambiente. El nuevo decreto se inscribe en esta línea, otorgando a los pueblos indígenas competencias ambientales que, hasta ahora, habían estado reservadas principalmente a las corporaciones autónomas regionales (CAR).

Según la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, más del 80 % de la biodiversidad global está bajo protección de los pueblos indígenas. En este contexto, reconocer su autonomía y su capacidad para gestionar sus territorios es fundamental para enfrentar los retos ambientales actuales. La ministra subrayó que el Decreto es parte de un esfuerzo para empoderar a las comunidades indígenas y convertirlas en aliadas estratégicas en la lucha contra la degradación ambiental y el cambio climático.

¿Competencias fragmentadas?

Sin embargo, esta medida también ha generado una serie de inquietudes. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars), han expresado preocupaciones respecto a la posible fragmentación de competencias. Con más de 700 resguardos indígenas en el país, cada uno podría convertirse en una nueva autoridad ambiental, lo que generaría un mosaico de jurisdicciones sobre los recursos naturales. Este escenario plantea desafíos para la coordinación entre las autoridades indígenas y las CAR, así como para la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo económico.

Asocars ha manifestado que el Decreto podría generar conflictos de competencia y vulnerar su autonomía como entidades de rango constitucional. Según sus voceros, la existencia de tantas autoridades podría complicar la gobernabilidad ambiental del país y dar lugar a una inseguridad jurídica que afectaría tanto a los proyectos ambientales como a los de infraestructura que dependen de una regulación clara y coherente.

Financiamiento y recursos

Uno de los aspectos clave en la implementación de este Decreto será la fuente de financiación para las nuevas autoridades indígenas. Hasta el momento, gran parte de los recursos para la gestión ambiental provienen de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR) y otros fondos específicos para el desarrollo territorial. No obstante, no está claro cómo se financiarán estas nuevas competencias indígenas y si recibirán recursos adicionales o si deberán gestionar sus territorios con los mismos fondos ya asignados.

Tensiones internas y desafíos

Otro reto importante es la conciliación de visiones dentro de las propias comunidades indígenas. Las cosmovisiones varían significativamente entre los pueblos indígenas de Colombia, y asumir que todos comparten la misma perspectiva sobre el desarrollo o el manejo ambiental puede generar tensiones. Implementar políticas ambientales coherentes en territorios compartidos por distintas comunidades será un desafío tanto para las nuevas autoridades como para el Estado.

La bióloga Brigitte Baptiste, exdirectora del Instituto Humboldt, explicó en una entrevista con Caracol Radio que este Decreto es un paso esperado desde hace décadas. Sin embargo, resaltó que la ejecución será compleja, particularmente en términos de concertación entre los pueblos indígenas y los actores del desarrollo económico, como los sectores de la energía, minería e infraestructura. La interacción entre el marco normativo occidental y las autoridades indígenas requerirá un esfuerzo significativo de diálogo y negociación, especialmente en torno a temas como las consultas previas, que han sido foco de controversia y, en algunos casos, de corrupción.

Finalmente, Baptiste destacó la importancia de la COP16 como escenario para hablar de bioeconomía y de la necesidad de asumir una visión global más justa y equitativa en la inversión en investigación y desarrollo de productos derivados de los recursos naturales que protegen las comunidades indígenas. Asimismo, afirmó que el Decreto debe convertirse en una herramienta operativa que permita a las autoridades indígenas no solo proteger sus territorios, sino también participar en la economía global de manera justa y sostenible.

En suma, el Decreto 1275 de 2024 podría ser un avance significativo en la protección de los territorios indígenas y el reconocimiento de sus derechos ancestrales. Sin embargo, la clave de su éxito radica en la implementación práctica, la adecuada financiación de las nuevas autoridades indígenas y la capacidad de coordinación con las entidades ya existentes. Si no se superan estos desafíos, existe el riesgo de que el Decreto sea percibido como una declaración política más que una solución real a los problemas ambientales y sociales que enfrentan las comunidades indígenas en Colombia.

Fuente: Caracol Radio y Código Prensa.