Mujeres indígenas de Risaralda alzan su voz ante caso de violencia contra menor en el resguardo Gitó Dokabú
- boletin028
- 6 jun
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Piden al Ministerio del Interior medidas concretas para proteger a las mujeres indígenas por el caso de una menor indígena de 17 años, presuntamente agredida por sus familiares en el resguardo Gitó Dokabú, en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda), ha generado una profunda indignación tanto en la comunidad indígena como en la sociedad en general. La agresión se dio a conocer a través de un video que circuló en redes sociales, donde se ve cómo la joven fue atada al techo de una vivienda tradicional y golpeada con varas de caña por varios hombres, en presencia de otros miembros de la comunidad.
Este hecho ha puesto en evidencia la persistencia de patrones de violencia que afectan especialmente a las mujeres y niñas indígenas, así como la necesidad urgente de establecer mecanismos eficaces de prevención, atención y protección. Diversas voces se han pronunciado, entre ellas la de un grupo de mujeres indígenas lideradas por Ángela Maya, rectora del colegio Dachi Dada Kera, quienes hicieron un llamado al Ministerio del Interior para que se adopten normas claras y efectivas que garanticen la vida, integridad y dignidad de las mujeres indígenas.
Desde la Gobernación de Risaralda, el gobernador Juan Diego Patiño rechazó categóricamente lo ocurrido y manifestó su respaldo a las acciones que permitan esclarecer los hechos, al tiempo que pidió al Gobierno Nacional fortalecer las rutas de protección integral en los territorios étnicos. En la misma línea, la Procuraduría General de la Nación exigió una investigación rigurosa que garantice los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes indígenas, en cumplimiento de la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.
En respuesta al video, las autoridades del resguardo Gitó Dokabú, encabezadas por el gobernador indígena Darío Restrepo Nembaregama, manifestaron su rechazo al acto de violencia y aseguraron que los agresores fueron detenidos bajo la jurisdicción especial indígena. Restrepo explicó que actualmente se encuentran en diálogo con la Fiscalía General de la Nación para definir un procedimiento conjunto que permita aplicar una sanción proporcional y respetuosa de los derechos humanos, en el marco de un ejercicio de justicia intercultural.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que este caso no puede entenderse como una práctica judicial indígena, sino como un acto de violencia en el entorno familiar. Recalcó que se trata de una expresión de violencia sistemática contra las mujeres indígenas, que no puede ser tolerada ni invisibilizada. Además, recordó que el enfoque diferencial étnico no puede ser usado como excusa para vulnerar derechos fundamentales, y que el Estado tiene la obligación de intervenir cuando estos derechos están en riesgo, garantizando siempre el respeto por las autonomías culturales y jurídicas de los pueblos indígenas.
Las mujeres indígenas de varios resguardos del municipio se reunieron en asamblea para expresar su dolor, indignación y rechazo frente a este tipo de hechos, que —según manifestaron— no son nuevos ni aislados.
Denunciaron que la violencia de género, en particular contra niñas y adolescentes, sigue siendo un problema latente en sus territorios, muchas veces silenciado por miedo, estigmatización o falta de garantías institucionales. Demandaron la creación de espacios de diálogo, atención psicosocial, formación en derechos humanos y fortalecimiento de la justicia propia con enfoque de género y niñez.
Este lamentable caso revela la necesidad de reforzar el trabajo articulado entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria, garantizando el respeto mutuo y el enfoque intercultural, pero también asegurando la protección efectiva de las víctimas. Así mismo, resalta la urgencia de implementar políticas públicas con enfoque étnico y de género, que fortalezcan la autonomía de las mujeres indígenas y promuevan entornos seguros, libres de violencia.
Finalmente, el caso ha abierto un debate nacional sobre los límites de la autonomía indígena frente a los derechos fundamentales y la necesidad de avanzar hacia una justicia intercultural que no solo respete la diversidad, sino que también garantice la vida y la dignidad de todas las personas, sin distinción de origen, género o edad.
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