El proyecto tiene en frente una carrera contrarreloj de tres semanas para sacar adelante dos debates.
Este martes finalmente dio inicio en la Comisión Primera del Senado el tercer debate del proyecto de ley estatutaria que garantiza a la educación como un derecho fundamental. Sin embargo, esta propuesta (una de las principales en el marco de la reforma educativa impulsada por el Gobierno) correría riesgo de quedar archivada ante la apretada agenda y el poco tiempo que tiene para ser aprobada, que vence el próximo 20 de junio.
Y es que, al tratarse de una ley estatutaria, esta debe aprobarse en una misma legislatura, es decir, antes del receso legislativo de mitad de año. Sin embargo, el debate en Comisión Primera del Senado apenas dio inicio y no se ha empezado a votar la ponencia del Gobierno.
Pero incluso si se aprueba en comisión, todavía le resta un debate más en la plenaria del Senado. Todo ello en una corporación que, a diferencia de lo ocurrido con la Cámara de Representantes, tiene una composición que fortalece a los partidos de oposición.
Ante ello, la ministra de Educación, Aurora Vergara, instó al Congreso a debatir “en los tiempos. Para que eso ocurra es importante que los equipos de las dos ponencias, la ponencia de gobierno y la ponencia alternativa, establezcan acuerdos y logremos llegar de manera consensuada a los debates de la próxima semana”.
Vale la pena señalar que, si bien se trata de una propuesta enmarcada en las reformas, también es cierto que en la Cámara de Representantes esta iniciativa recibió un apoyo prácticamente unánime, lo que podría ser una luz de esperanza para que el proyecto logre ser aprobado.
Así lo señaló la ministra Vergara: “Aquí estamos demostrando que el país puede hacer de la educación el sector donde construyamos consensos, donde logremos volver de la educación el propósito nacional”.
En lo que respecta a la viabilidad financiera de la propuesta, un punto sobre el que los partidos de oposición han insistido como un problema, la ministra aseguró que, contrario a lo expuesto en el debate por algunos senadores, el proyecto sí cuenta con una proyección financiera sólida, avalada por el Ministerio de Hacienda.
“El Ministerio de Hacienda emite un concepto en el que básicamente lo que nos está diciendo es que las decisiones que estamos tomando están ancladas al marco fiscal de mediano plazo. Eso quiere decir que las decisiones que estamos tomando de vinculación de nuevos estudiantes, docentes, adecuación de la infraestructura está siendo respetuosa de las proyecciones que tiene la nación de sus ingresos”, aseguró Vergara.
Y agregó: “Es claro hoy que, de manera específica, la Nación cuenta con un respaldo financiero para las decisiones que se están enmarcando en este proyecto de ley. Es una apuesta importante e invitamos al país a discutir, por ejemplo, el impacto que va a tener en diferentes coyunturas”.
¿Por qué es importante la ley estatutaria?
Se trata de una de las principales iniciativas legales en la agenda del Ministerio de Educación, y que el ejecutivo considera como esencial para cumplir con distintas metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
La estatutaria busca establecer la educación como un derecho fundamenta en todos sus niveles, incluyendo la educación superior, así como para algunas poblaciones específicas, como la población carcelaria.
Pero también hace obligatoria la media (los grados décimo y once), esto dado que en Colombia la obligatoriedad de la educación es desde los 6 hasta los 15 años, es decir, desde transición hasta noveno grado.
Así mismo, este proyecto sirve de antesala para las otras reformas educativas que planea hacer el Gobierno, como la de la Ley 30 de 1992, la cual regula la educación superior en Colombia, y que plantea ser un debate mucho más complejo en materia presupuestaria y de gobierno universitario.
Otro proyecto que se apalancaría con la estatutaria es la reforma del Sistema General de Participaciones, que es la principal bolsa de recursos para el sector de la educación. Y al ser la educación un derecho fundamental, será necesario modificar esta ley para traer mayores recursos que serían utilizados en mayor infraestructura, contratación docente, entre otros.
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