El debate sobre la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) en Colombia se intensifica a medida que el proyecto se acerca a su aprobación en el Congreso. La reforma, que ya cuenta con el respaldo del Senado, propone aumentar el porcentaje de ingresos corrientes transferidos a departamentos y municipios, subiendo de un 22.5 % a un 39.5 %. Esta transformación busca fortalecer la descentralización, asignando mayores responsabilidades a las regiones en sectores como salud, educación, agua potable, y saneamiento básico.
Actualmente, el gobierno central controla estos servicios y destina recursos para cubrir los costos, pero la reforma prevé que estos sectores sean gestionados en su totalidad por las entidades territoriales. Además de los recursos del SGP, estas entidades seguirán recibiendo fondos por regalías, fortaleciendo su capacidad de autogestión financiera. Sin embargo, para evitar duplicación de funciones y asegurar que las transferencias sean sostenibles, será necesario crear una ley de competencias. Esta ley definirá los límites y el alcance exacto de las nuevas responsabilidades de cada región, evitando que queden áreas sin cobertura o que las finanzas territoriales se vean desbordadas.
La medida también plantea que las entidades territoriales asuman funciones como el mantenimiento de la universidad pública, actualmente a cargo del Gobierno central. En tanto, áreas de manejo exclusivo del Estado, como la deuda pública, defensa nacional y relaciones exteriores, es claro que seguirán bajo la administración nacional. Sin embargo, algunos sectores consideran que esta reorganización representa un "revolcón" en la estructura estatal, y que debe ir acompañada de una ley de competencias que clarifique y cuantifique estas nuevas responsabilidades.
Aumentar los recursos del SGP hacia los territorios busca revertir el efecto de la reforma de 2001, que redujo el porcentaje de transferencias y dejó a las regiones con un déficit de más de $300 billones en recursos. No obstante, el ajuste será gradual, con un incremento anual en el giro de recursos hasta alcanzar los $163.5 billones en 2032.
La discusión se centra en garantizar que las entidades territoriales cuenten con los recursos adecuados y una ley de competencias detallada. Según expertos como Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, una asignación efectiva requerirá que el Departamento Nacional de Planeación revise la viabilidad de las transferencias en función de las competencias de cada región. La Federación Nacional de Departamentos, liderada por Didier Tavera, también enfatiza la necesidad de que el gasto nacional se reduzca proporcionalmente para evitar desequilibrios.
Con un impacto a largo plazo en la estructura del Estado, esta redistribución también requiere una colaboración estrecha entre gobernadores y alcaldes, quienes ahora deberán armonizar sus agendas para gestionar los nuevos recursos y las competencias asignadas. Según expertos en ordenamiento territorial, el cambio no solo plantea preguntas sobre la cantidad de recursos transferidos, sino sobre la capacidad de las entidades regionales para asumir estas responsabilidades de forma autónoma, ya que la descentralización solo será efectiva si se acompaña de un fortalecimiento administrativo en todos los niveles del gobierno.
Asimismo, el congresista Óscar Pérez Pineda señala que, aunque la descentralización es necesaria, el impacto fiscal no puede descuidarse. El legislador recalca que, si el Gobierno central transfiere mayores fondos, debe igualmente ajustar sus gastos en áreas como salud, educación primaria y secundaria, y servicios básicos.
Fuente: El Nuevo Siglo.
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