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Procuraduría solicita anular resolución indígena que autoriza minería en reserva de la Amazonía

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    boletin028
  • 14 mar
  • 2 Min. de lectura

La Procuraduría General de la Nación interpuso una demanda de nulidad simple contra la Resolución No. 009 de 2025, expedida por el Cabildo Gobernador del Resguardo Remanso Chorrobocón, mediante la cual se autorizó la sustracción de 1.043,37 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía para la ejecución de un proyecto minero.


El órgano de control argumentó que dicha decisión contraviene el ordenamiento jurídico colombiano, ya que la administración de las reservas forestales nacionales es una competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a lo establecido en la Ley 2ª de 1959 y la Ley 99 de 1993. De acuerdo con la Procuraduría, el Cabildo Gobernador carece de facultades para tomar este tipo de determinaciones de manera unilateral, sin la debida coordinación con las autoridades ambientales nacionales.


Según lo señalado en la demanda, la resolución en cuestión transgrede el principio de legalidad y excede las competencias de las autoridades indígenas, dado que la sustracción de áreas de reserva forestal nacional requiere la autorización expresa del Ministerio de Ambiente. La Procuraduría advirtió que permitir la ejecución de actividades mineras en esta zona podría generar un grave impacto ambiental, afectando ecosistemas estratégicos para la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.

Fuente: Procuraduria General de la Nación
Fuente: Procuraduria General de la Nación

En este sentido, la entidad reiteró que los resguardos indígenas tienen autonomía en la gestión de sus territorios, pero esta debe ejercerse en armonía con la Constitución y las leyes de la República. En particular, recordó que el Decreto 1275 de 2024 establece que cualquier actuación relacionada con la explotación de recursos naturales en territorios indígenas debe contar con la coordinación de las autoridades ambientales competentes, lo que no ocurrió en este caso.


La Procuraduría también alertó sobre las posibles consecuencias ambientales derivadas de la ejecución del proyecto minero en la Amazonía, una de las regiones más biodiversas del planeta. Entre los riesgos identificados, se encuentran la deforestación acelerada, la contaminación de fuentes hídricas, la afectación de especies en peligro de extinción y la alteración de los modos de vida de las comunidades indígenas que dependen de estos ecosistemas.


Asimismo, el ente de control subrayó que la preservación de la Amazonía es un compromiso del Estado colombiano a nivel nacional e internacional, en el marco de acuerdos ambientales como el Acuerdo de Escazú y la Convención sobre la Diversidad Biológica. Por lo tanto, cualquier decisión que implique modificaciones en su estatus de protección debe someterse a estrictos procesos de evaluación ambiental y social.


Con esta acción legal, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la protección de los recursos naturales y el cumplimiento del marco normativo en la defensa de la Amazonía, un ecosistema esencial para el equilibrio ambiental y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.


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