Pacto por la descentralización

Después de 37 años de descentralización, Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo. Por ende, se plantea un nuevo reto comprendido por la Misión de Descentralización, que lidera el Departamento Nacional de Planeación, llama a un pacto por una nueva ola de descentralización con equidad, la inclusión socio territorial, el cambio climático, el gobierno abierto y la autonomía étnica.

El proceso de descentralización se inició en 1986 y se fortaleció en la reforma constituyente de 1991, por ende no ha sido un fracaso. Este proceso transformó profundamente el sistema político, las finanzas públicas y la política social. La elección popular de alcaldes (1988) y gobernadores (1992) para crear así un sistema político pluralista y democrático. La transferencia de cuantiosos recursos para todos los municipios y departamentos financió el fortalecimiento de instituciones territoriales, así como el desarrollo de todo tipo de empresas. La descentralización de la política social básica, en particular de la educación, la salud, el agua potable y saneamiento básico, y poder garantizar así la cobertura de bienes definitivos en la calidad de vida.

No obstante, después de 37 años de descentralización y de billones de pesos transferidos a los gobiernos locales, Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo. En base a ello, se busca profundizar el proceso de descentralización para que los beneficios del progreso incluyan a todas las comunidades sin importar en qué parte del país se encuentren. Este reto comprende la Misión de Descentralización, que lidera el Departamento Nacional de Planeación, llama a un pacto por una nueva ola de descentralización con equidad, la inclusión socio territorial, el cambio climático, el gobierno abierto y la autonomía étnica.

La equidad entendida como la convergencia en el desarrollo y bienestar entre las entidades territoriales. Por ejemplo, que todas dispongan de carreteras en buen estado, empresas que generen empleos, conectividad digital y acceso a servicios públicos, sin discriminar por su lugar de residencia.

La inclusión que integra la población del campo y de las fronteras, es decir que todos los niños tengan una escuela cercana o un centro de salud y que los 900 alcaldes de los pueblos más pequeños puedan tener recursos para invertir en las obras que su comunidad demanda. El cambio climático que nos urge a construir sistemas productivos, de transporte, de consumo y posconsumo, e incluso instituciones que se rediseñen, poco a poco, de cara a los circuitos del agua o no habrá futuro para la humanidad.

El gobierno abierto debe conocer un salto cualitativo hacia el Estado y la sociedad abierta. La democracia requiere de una ciudadanía activa y empoderada, capaz de apropiarse de su territorio y recursos. Esto es, situar en el centro de las políticas públicas los escenarios de deliberación, concertación y refrendación. Solo la ciudadanía activa puede arrinconar estructuralmente el poder del clientelismo y la corrupción que se han apoderado del patrimonio colectivo.

Finalmente, está la autonomía étnica que materialice las Entidades Territoriales Indígenas o los Territorios Indígenas, como si fueran municipios o departamentos, aunque respetando sus características propias; promesa de la Carta del 91, hasta ahora postergada.

La Misión de Descentralización es la oportunidad para que gremios y asociaciones territoriales, organizaciones sociales, étnicas y de profesionales, universidades, centros de pensamiento, partidos y movimientos políticos formulen propuestas. Es tiempo de cumplir y de avanzar de manera más resuelta en la construcción de un país más pluralista, equitativo e integrador.

Por: Darío I. Restrepo Director de la Misión de Descentralización del DNP