14 de agosto 2023.
Para abordar la crisis, es esencial no solo reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y promover la descarbonización, sino también implementar medidas adecuadas para que la sociedad se adapte a las nuevas condiciones planetarias. Las elecciones territoriales de este 2023 plantean cuestiones cruciales para el presente y futuro de la acción climática en nuestro país. Desde el ámbito público, es urgente implementar los cambios necesarios en las regiones.
El costo de la inacción
Hacia finales de 2022, en medio del fenómeno de La Niña, el Gobierno Nacional asignó 2.1 billones de pesos para atender la emergencia generada por la ola invernal. Además, durante la COP27, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, reveló que los estudios para la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia (E2050) proyectan pérdidas de 4.3 billones de pesos al año debido al cambio climático. Los principales riesgos incluyen:
- Inundaciones: pérdidas estimadas en $285.777 millones
- Huracanes: pérdidas estimadas en $5.729 millones
- Deslizamientos: pérdidas estimadas en $67.469 millones
- Sequías: pérdidas estimadas en $22.889 millones
- Incendios forestales: pérdidas estimadas en $3.900 millones
Para entender la magnitud de esta cifra, 4.3 billones de pesos representan casi el 3% de los impuestos recaudados en el primer semestre de 2023, según datos de la Dian, o alrededor del 28% de las pérdidas del país en proyectos de inversión ineficaces, según el último informe de la Contraloría. Aunque son recursos ya existentes que deben administrarse correctamente, también se requieren cambios estructurales en todos los niveles de la sociedad para enfrentar los cambios provocados por el calentamiento global.
Es importante señalar que estas cifras solo se refieren a los costos de mitigación del cambio climático. Si sumamos las proyecciones de adaptación, el valor aumenta a 6.84 billones de pesos anuales. Sin embargo, la oferta de financiamiento climático, incluidos recursos de cooperación internacional, nacionales, bancarios y del sector privado, solo alcanza los 5.7 billones de pesos anuales.
La adaptación es una inversión
Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que entre 1990 y 2017, más de 163 millones de personas en la región fueron afectadas por fenómenos climáticos extremos. Las proyecciones del Banco Mundial sugieren que los costos anuales de adaptación al cambio climático podrían llegar a 21.500 millones de dólares para la región, aproximadamente el 0.24% de su PIB total.
La Cepal sostiene que implementar procesos eficientes y equitativos de adaptación al cambio climático debería ser una prioridad en un contexto de aumento de la temperatura mundial y sus efectos regionales. Esto requerirá cambios en la conducta de los agentes económicos y sociales a través de políticas públicas, incentivos económicos y cambios individuales que promuevan la adaptación.
Sin embargo, la adaptación al cambio climático no es un gasto sin retorno. En realidad, puede generar beneficios sustanciales para el desarrollo económico regional al reducir el impacto de futuras pérdidas, aumentar la productividad e innovación, y ser una inversión única. Según la Cepal, una inversión de 1.8 billones de dólares entre 2020 y 2030 en sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente al clima, mejora de la producción agrícola en tierras secas, protección de los manglares y resiliencia de los recursos hídricos podría traducirse en ganancias de 7.1 billones para la región.
Una oportunidad para las regiones
Las próximas elecciones locales son cruciales para Colombia, ya que el 100% de los municipios del país enfrenta algún riesgo relacionado con el cambio climático, según la Tercera Comunicación Nacional de Colombia sobre Cambio Climático. Los 20 departamentos con mayor riesgo representan el 69% del PIB nacional y albergan aproximadamente el 57% de la población.
Es fundamental que, a través de votos conscientes, informados y responsables, se exija al poder público que la adaptación al cambio climático sea una base fundamental en la discusión política durante el periodo 2024-2027. Una efectiva colaboración entre la ciudadanía y los funcionarios permitirá impulsar los cambios necesarios para nuestro planeta y acelerar los procesos de descarbonización.
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