Las comunidades indígenas del Chocó han tomado las calles de Quibdó para exigir el pago de más de treinta mil millones de pesos correspondientes a servicios educativos prestados durante el año 2023. Esta movilización, que se inició temprano en la mañana del miércoles 3 de abril, ha culminado con el bloqueo de la entrada principal de la Gobernación del Chocó, en un esfuerzo por hacer escuchar sus voces y obtener respuestas concretas a sus demandas.
Según la Mesa Indígena del Chocó, los reclamos están dirigidos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación y al gobierno departamental, pues les han incumplido. Además, expresa que “se requiere de manera urgente de los recursos necesarios para la construcción de infraestructura de los diferentes establecimientos educativos indígenas del departamento Chocó”. Estos pagos, fundamentales para el acceso a la educación de más de 35.000 niños, niñas y adolescentes indígenas, se han convertido en una urgencia que no puede ser ignorada.
El incumplimiento en el pago de estos servicios educativos, gestionados a través de un contrato con la Secretaría de Educación departamental, representa una situación crítica para las comunidades indígenas, cuyo acceso a la educación de calidad es fundamental para su desarrollo y bienestar. La deuda acumulada ha generado un malestar generalizado entre los líderes y miembros de estas comunidades, quienes han visto afectadas sus condiciones de vida y su acceso a oportunidades educativas. La demora en estos pagos no solo afecta a los estudiantes, sino que también repercute en el pago de salarios a los docentes, tanto indígenas como no indígenas.
Frente a esta coyuntura, el Ministerio de Educación notificó a la Secretaría de Educación del Chocó acerca de la urgencia de buscar nuevas fuentes de financiamiento para honrar los compromisos adquiridos con los operadores indígenas. Esto se debe a que el incremento en los contratos superó el aumento en los recursos disponibles. Como posible solución, se planteó la opción de obtener fondos adicionales del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) dirigidos al sector educativo. No obstante, esta alternativa se reveló inviable, ya que la Gobernación del Chocó tenía deudas pendientes con el FONPET que obstaculizaban la posibilidad de solicitar más fondos.
La gobernadora Nubia Carolina Córdoba ha manifestado su disposición al diálogo y su compromiso para encontrar una solución justa y equitativa a este problema. Reconociendo la legitimidad de las demandas de las comunidades indígenas, ha activado un canal de comunicación con los líderes y representantes de estas comunidades, buscando establecer un diálogo constructivo que permita resolver las diferencias y llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Sin embargo, las comunidades indígenas han dejado en claro que no levantarán su protesta hasta que vean respuestas concretas a sus demandas. La Minga Indígena, que ha sido convocada por la necesidad imperante de justicia y equidad en el acceso a la educación, continuará de manera indefinida hasta obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas.
En conclusión, se espera que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para resolver esta situación, asegurando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y garantizando el acceso a una educación de calidad para las comunidades indígenas del Chocó.
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