2 de Junio de 2020
Más de 30 parlamentarios revisaron los decretos emitidos por el Ejecutivo para contrarrestar los efectos negativos generados por el nuevo coronavirus. Según el informe presentado, ni se fortaleció eficazmente el sistema de salud colombiano, ni los entes territoriales percibieron apoyo con recursos para garantizar la comida de los habitantes.
El informe congresional aparece 30 días después de que la administración del presidente Iván Duque le presentara al Congreso un documento justificando las medidas tomadas en el marco de la declaratoria del Estado de excepción y explicando el alcance de las mismas en la vida de los colombianos.
Sin embargo, tras su estudio, los firmantes del informe consideran que el Gobierno no cumplió: “No se fortaleció en forma eficaz el sistema de salud colombiano, no hubo un direccionamiento de recursos de emergencia o extraordinarios con montos específicos para los hospitales, IPSs, Secretarías de Salud Departamentales y Distritales y demás prestadores directos del servicio de Salud, y no se apoyó a los entes territoriales con los recursos adicionales requeridos para la protección de la salud y la garantía de seguridad alimentaria”, se lee en el escrito.
Los legisladores hacen mención del decreto 444, emitido el 21 de marzo, con el que se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), con el objetivo de que el gobierno central pudiera recoger en una misma canasta recursos e irradiarlos, vía el Ministerio de Hacienda, a atender la emergencia de la COVID-19. Para su creación, la nación realizó un préstamo a los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), y al Fondo Nacional de Pensiones Territoriales (Fonpet), para recoger quince billones de pesos.
Para evitar la pérdida de empleos, generar liquidez y apoyo al sector empresarial, los recursos del Fome se entregarían por medio de créditos de los bancos estatales de primer y segundo piso en un plazo de hasta 12 meses. Pero, según los congresistas firmantes del informe, la finalidad de la declaratoria de emergencia se empezaba a desvirtuar con las anteriores disposiciones porque: “Se previó irrigar recursos en el sector financiero para que los entes territoriales hagan créditos sobre sus propios recursos, perdiendo tiempo invaluable para poder tener esa liquidez de recursos requerida, así las cosas,hoy esos entes territoriales dependen de sus propios presupuestos para hacer frente a la crisis derivada de la epidemia de COVID-19”.
Y, en cuanto a las decisiones para fortalecer el sistema de salud, el bloque de parlamentarios encontró que solo se expidió un decreto presidencial, de más de 70, para garantizar el derecho a la salud en medio de la pandemia. Se trata del decreto 538 de 2020 que consagra medidas para garantizar el acceso a este servicio, la protección a los profesionales de la salud y la atención a los enfermos por el nuevo virus. No obstante, resaltaron que ninguno de los recursos destinados a la adecuación hospitalaria y extrahospitalaria provienen del Fome,“a pesar de que uno de los objetivos por los que este fondo fue creado consistía en atender las necesidades de recursos para la atención en salud”.
Expresan los servidores del Legislativo que el decreto 538 prevé que la irrigación de recursos al sector salud “se hará a través de los recursos del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud- FONSAET creado en la Ley 1438 de 2011 y de los recursos que gira la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud- ADRES, con base en la estrategia de punto final”. Dicha estrategia busca el pago de la cartera vencida en la salud, algo que estaba previsto con antelación en el Plan Nacional de Desarrollo.
Los legisladores resaltaron también que si bien el decreto 538 llama al talento humano para que preste el servicio en esta coyuntura, lo hace sin disponer aún de las garantías para la protección de su integridad y su vida. Y en lo relativo a las medidas para garantizar la bioseguridad de los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, dispuesto en los decretos 488 y 500 de 2020, “no lo han cumplido de manera integral,ni tampoco cubren a todo el personal de salud, por cuanto gran parte de este personal se encuentra tercerizado, además los recursos de las ARLs,si bien fueron redistribuidos por la contingencia, son recursos ordinarios destinados para eventos relacionados con los riesgos laborales”.
Por otro lado, en cuanto a dar cumplimiento con la seguridad alimentaria, el GObierno dispuso la entrega de subsidios a través de los conocidos programas sociales como lo son Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Protección al Adulto Mayor (decretos 458 y 563 de este año), estrategia en la que saldrían beneficiados un total de 2.665.822 personas, más las 2.069.940 beneficiadas del Ingreso Solidario, creado en el decreto 518, con el que el Gobierno prevé tres meses de transferencias de 160.000 pesos (el 15,8 % de un salario mínimo).Como se sabe, se estableció que esos giros se realizan en gran parte por medio de entidades bancarias y los costos operativos de esas acciones se asumirán con recursos del Fome.
“El Decreto no prevé alternativas para la dispersión de estos recursos, que no sean a través de la banca a pesar de que actualmente en Colombia el porcentaje de bancarización es del 81,4% y el porcentaje restante corresponde precisamente a la población más vulnerable, a su vez los productos que son abandonados en un mayor porcentaje, son las cuentas de ahorro, existiendo en el país más de cuarenta millones de cuentas de ahorro inactivas.
En este mismo sentido, si bien es cierto que los programas sociales del Gobierno de transferencias monetarias no condicionadas han generado la bancarización de las personas en condición de vulnerabilidad que accede a estos programas, también lo es que precisamente el ingreso solidario es para aquellas personas que no acceden a ninguno de los programas sociales preexistentes, incluyendo la devolución del IVA de conformidad con la Ley 2010 de 2019”, argumentó el bloque congresional al respecto.
Con esa información, los parlamentarios consideran que los costos de operación bancaria para lograr que los dineros lleguen a las poblaciones más vulnerables es ajeno al principio de solidaridad, pues son valores que asume el Fome. Para ellos, se debió disponer de un“un incentivo para las entidades financieras que generaran una mayor dispersión de los recursos a menor costo,antes de pensar en garantizar la liquidez de recursos para los costos de operaciones que no llegan a la población más vulnerable”.
Con estos y otros argumentos dispuestos en el informe, los parlamentarios afirmaron que las facultades constitucionales extraordinarias del Estado de emergencia se utilizaron para para “proteger la economía, específicamente en los sectores más fuertes, dejando de lado dejando de lado la protección de la salud y la seguridad alimentaria, sobre todo a la población más vulnerable”. Concluyeron que los esfuerzos de las poblaciones colombianas por mantenerse en aislamiento “no han sido compensados, ni siquiera mínimamente, con las medidas contenidas en los decretos”.
Los firmantes del documento son: Iván Marulanda, Guillermo García Realpe, Roy Barreras, Iván Cepeda, Angélica Lozano, Rodrigo Lara, Jorge Enrique Robledo, Antonio Sanguino, Wilson Arias, Ritter López, Luis Fernando Velasco, Aida Avella, Carlos Antonio Lozada, Ángela María Robledo, Harold Valencia, Gustavo Bolívar, Roosevelt Rodríguez, Sandra Ramírez, Germán Navas Talero, Jhon Jairo Hoyos, Feliciano Valencia, Germán Hoyos, Juan Luis Castro.
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