26 de octubre 2020
¿Quién ronda y verifica las millonarias apropiaciones que se hacen a favor de comunidades indígenas?
Si una minga es una reunión de amigos en la que “circula la palabra, se piensa y se construye un modelo de vida compartido” –según lo que nos dijeron los líderes indígenas que llegaron hasta Bogotá–, bien vale la pena aprovechar ese espacio de reflexión para mirar hacia adentro y no solo para lanzar reclamos, arengas y peticiones hacia afuera. Al fin y al cabo, los amigos deben decirse la verdad.
La minga, que de acuerdo con sus organizadores no ha terminado todavía, podría dar ejemplo de transparencia y sinceridad y contarle al país qué han hecho algunas de las comunidades indígenas con los recursos recibidos en los últimos años.
La Contraloría publicó en el primer semestre de 2020 un larguísimo reporte de más de 2.700 páginas en el que llama la atención sobre las inversiones, o mejor, sobre el despilfarro de algunos de los miles de millones de pesos asignados a los indígenas en distintos lugares de Colombia. En el informe, que comprende los años de 2015 a 2019, se habla de 10 indagaciones preliminares, 87 procesos de responsabilidad fiscal y la no despreciable suma de 30.000 millones de pesos con aparentes irregularidades.
Hay líos serios de plata que no se sabe a dónde fue a parar en Amazonas, La Guajira, Nariño y Sucre. En Puerto Gaitán, Meta, está el hallazgo que más preocupa: cerca de 8.000 millones de pesos que debieron invertirse en una institución educativa del resguardo wayoco y que “no aparecen o presentan anomalías”, en los términos de la Contraloría, mientras es posible evidenciar a simple vista que las obras nunca se hicieron.
Según un informe del periodista Óscar Ramírez en Noticias RCN, “en 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas se presentaron deficiencias, entre ellas la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, el no reporte de estos”.
¿Qué se hizo esa plata? ¿Quién ronda y verifica esas apropiaciones? ¿O es que resulta políticamente incorrecto pedirles explicaciones a los indígenas sobre los millonarios desembolsos que les hace la nación? ¿No es la minga un espacio también para discutir sobre estos temas? Tal vez lo que suele ocurrir es que los políticos de turno se dedican simplemente a girar recursos para desactivar paros y luego nunca les hacen acompañamiento a esas obras o jamás preguntan si la plata se destinó correctamente, sino que vuelven a girar de la chequera de los colombianos para evitar nuevos bloqueos de vías, sin dar un debate de frente y abierto sobre lo que ocurre.
Ninguna cosmovisión, por diversa que sea, o estilo de vida alterno o comprensión paralela del universo, justifica la dilapidación de tanta plata que debería invertirse en la salud y la educación de los niños indígenas y los más pobres y desprotegidos en esas comunidades. Todo lo demás, me disculpan, es un robo y debería tener responsables.
Si la minga fuera ese espacio para resolver preocupaciones entre hermanos, debería servir entonces para hablar con honestidad del destino que se les da al 43 por ciento de los 2,9 millones de hectáreas del Cauca que se han convertido en resguardos improductivos, según reportaba el diario La República hace unos días. Hay cosas que no se dijeron en la minga pero que, por incomodas que parezcan, deberían conocerse, difundirse y discutirse entre la opinión pública.
¿A qué juegan los indígenas? Por María del Rosario Guerra.
"Una minga inoportuna e irresponsable, así puedo definir la movilización que protagonizaron los cerca de siete mil indígenas que llegaron en caravana hasta Bogotá para hacerle un ‘juicio político’ al presidente Iván Duque. Un despropósito, más si se tiene en cuenta que no sólo estuvieron en el Cauca siete ministros en diálogo con ellos, sino que el gobierno ha cumplido con más del 80% de los compromisos que había adquirido".
Revisemos la situación actual de los pueblos indígenas. Según el Dane, el País tiene 1.905.617 indígenas, los cuales representan el 4% de la población colombiana. Están asentados en 767 resguardos, que cubren 28.9 millones de hectáreas, equivalentes al 25,3% del territorio nacional.
Con relación a los recursos que han sido asignados a las comunidades indígenas, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre 2019 y 2020 se han invertido $5.4 billones; un 54% de lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, 2018 –2022, así: PGN ($1.4 billones); SGP ($3.9 billones) y SGR ($119 mil millones). En esa línea no puedo dejar de mencionar la inclusión del 96% de las propuestas (320) hechas por los indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en materia de economía, salud, educación, mujer, territorios ancestrales e infraestructura, entre otros.
Lo que duele es que, con esa extensión territorial y las asignaciones presupuestales del Gobierno, la pobreza monetaria sea 59,6%, incluso llegando en algunas zonas al 72,8%. Y en materia de cobertura de servicios públicos, tanto en energía (66%) como en acueducto (41,4%) las comunidades indígenas estén muy por debajo del promedio nacional.
Puntualmente hablemos de los compromisos adquiridos con la minga indígena del Suroccidente. Las inversiones en materia de vivienda superaron los $91 mil millones para la compra de 1.650 viviendas nuevas y 832 mejoramientos; en salud más de $5 mil millones, que permitieron sanear financieramente la EPS indígena del Cauca; y para seguridad se asignaron $198 millones para el fortalecimiento de las guardias indígenas. Otros $580 millones fueron para el empoderamiento de la mujer; $270 millones para la formación en arte y cultura; y más de $25 mil millones para el desarrollo rural, con lo cual se han beneficiado 400 productores en el Cauca. A esto se suman inversiones en educación por $42 mil millones y en ambiente por $5.150 millones para conservación y preservación.
Las problemáticas de los indígenas no son ajenas al gobierno, ni el enemigo es el presidente Duque. El narcotráfico y los cultivos ilícitos, a los que muchos de ellos les abrieron la puerta sin dimensionar que quedarían en medio de las disputas entre grupos armados por la producción y tráfico de droga, así como por la explotación ilegal de recursos, son su mayor problema. La situación es tan grave que, de acuerdo con el último informe de la ONU sobre cultivos ilícitos en Colombia, en los resguardos indígenas reposan 14 mil de las 154 mil hectáreas de coca.
Los indígenas tienen el gran reto de mejorar tanto sus condiciones de vida como las de producción lícita en su territorio. Igualmente, de invertir bien y de manera abierta y transparente los recursos que reciben del Estado. Y no olvidar que son varios los departamentos con población indígena trabajadora, deseosa de preservar su cultura, mejorar su bienestar y trabajar coordinadamente con las autoridades. Como bien dijo el presidente Duque, es mejor proponer que protestar.
Hacerle el juego algunos de los líderes indígenas al caos, narcotráfico, violencia e irrespeto a la Fuerza Pública no logra la solidaridad de los colombianos ni el respaldo gubernamental. Hay que construir con el Estado, no destruir con fines electorales.
Referencias:
El informador (2020). ¿A qué juegan los indígenas? Recuperado de: https://www.elinformador.com.co/index.php/opinion/39-columnas-de-opinion/242938-a-que-juegan-los-indigenas
El Tiempo (2020). Lo que no dijo la minga. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jose-manuel-acevedo/columna-de-jose-manuel-acevedo-sobre-lo-que-no-dijo-la-minga-545468
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