30 de junio de 2020
Al cumplirse su primer año de vigencia, la Ley de Regiones –sancionada por el presidente Iván Duque el 29 de junio de 2019– les ha aportado a los departamentos una nueva visión para su desarrollo sustentada en los principios de descentralización y autonomía y basada en opciones tangibles para su fortalecimiento financiero y administrativo.
A su amparo y en el curso de su proceso de reglamentación se han ido consolidando proyectos fundamentales para el aumento en la transferencia de recursos fiscales y funciones para que las entidades territoriales tengan mayor capacidad administrativa. También, para sacar mayor provecho a las economías de escala que se originan en buena medida en exitosos modelos asociativos como los que hoy encarnan las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP).
Los avances obtenidos son más que significativos: hoy, el 70 por ciento de los territorios pertenecen a una alguna de las siete RAP ya conformadas o en proceso de obtener su “carta de naturaleza”. Ya contamos con las RAP Eje Cafetero, Pacífico, Caribe, Amazonia y Central y próximamente cobrarán vida administrativa la de los Llanos, la de los Santanderes y la RAP de la Fraternidad, que comprenderá los territorios de Antioquia, Córdoba y Sucre.
Así, organizados en ligas para la cooperación económica y las buenas prácticas de gobierno, los departamentos han ido cobrando mayor vigor para presentar proyectos de impacto nacional, como lo prevé la ley, para gestionar recursos de cooperación internacional y para acudir a nuevas fuentes de financiamiento tales como las organizaciones de cooperación multilateral.
Estos avances han incidido favorablemente en su reglamentación, que ya ha servido para estructurar la figura del Plan Estratégico Regional y para avanzar en las normas que le darán sustento a la declaración de hechos regionales, como la futura creación de las Regiones Entidades Territoriales (RET), el punto más alto de los procesos de integración territorial.
Con algunos trastornos transitorios generados por la pandemia, la reglamentación ha resultado un ejercicio arduo pero fructífero que compromete los esfuerzos del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, representados por la Federación Nacional de Departamentos.
Muy pronto, en los nuevos escenarios que abre la Misión de Descentralización, las entidades territoriales podrán abogar por mejores condiciones fiscales y nuevas alternativas tributarias que no estén afectadas por la volatilidad actual ni basadas exclusivamente en lo recaudado por concepto de vicios y los juegos de suerte y azar.
También allí serán actores protagónicos de la transformación del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías, así como de la construcción del Código de Régimen Departamental, que hacen parte de un valioso conjunto de instrumentos para fortalecer competencias, ganar en desempeño y en autonomía, desarrollo equitativo y crecimiento económico sostenido.
La progresividad anunciada en la Constitución para el Sistema General de Participaciones cobrará así una nueva dinámica y los departamentos tendrán real injerencia en la administración y el manejo de las regalías.
En el ámbito de las mismas opciones concretas abiertas por la Ley de Regiones, el Código de Régimen Departamental, que a la fecha es obsoleto, traerá consigo nuevos elementos políticos, administrativos y jurídicos para que los gobernadores tengan un mayor margen de maniobra en la formulación y aplicación de políticas públicas que beneficien la calidad de vida en sus territorios.
Habrá también más acceso a mayores fuentes de recursos y se ampliará la gama de alternativas de financiación, a través de pactos territoriales y convenios interadministrativos, por ejemplo.
Con mayor capacidad administrativa, las entidades territoriales podrán promover el enfoque regional necesario en todos los instrumentos de planificación: en el propio Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de Ordenamiento Departamental.
En medio de una crisis generada por los efectos de la pandemia, la reglamentación ha rendido réditos importantes. Allí la Federación Nacional de Departamentos ha defendido el cumplimiento del principio constitucional según el cual, a mayor designación de competencias, mayor proporcionalidad de recursos.
Próximamente convocaremos a un foro para celebrar el primer aniversario de la ley y evaluar sus resultados.
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