Colombia+20 acompañó la conmemoración número 34 de la entrega del resguardo Predio Putumayo, el más grande del país. Los cuatros pueblos indígenas de la zona esperan que su asociación sea certificada como Consejo Indígena para recibir, sin intermediarios, los recursos del Estado.
A Juan Carlos Gittoma, un huitoto moreno, fornido y de sonrisa tímida, le tiemblan las manos, pero no la voz: “El Estado debe reconocer que merecemos atención porque somos parte de Colombia (...) que este resguardo indígena no fue regalado, que se conquistó desde el pensamiento de los mayores, desde la palabra de las comunidades del tabaco, la coca y la yuca dulce”, exclama desde una tarima frente a unos mil indígenas que aplauden y celebran sus palabras con gritos de euforia.
Están en la cancha principal de Centro Chorrera, un poblado de 600 casas que desde el cielo se ve enclavado en la mitad de la selva junto a una pista de aterrizaje que termina en una base militar. Solo los separa el río Igara Paraná, afluente del Putumayo y por el que se tardan al menos 15 días en llegar a Puerto Asís (Putumayo) y 21 hasta Leticia (Amazonas).
La mayor de las dificultades no es la violencia, sino la falta de inversión del Estado, señala Manuel Alejandro Joinama, representante legal de Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera (Azicatch), que reune a 22 cabildos del resguardo.
"Hoy seguimos padeciendo dificultades, porque no se ven las inversiones públicas del Estado”
Como él, todos los líderes coinciden en que el principal problema es que su territorio, como la mayor parte del Amazonas, está bajo la figura de “área no municipalizada”, lo que quiere decir que no tienen un alcalde o corregidor, sino que son jurisdicción directamente de la Gobernación. “Por eso lo poco que han prometido se queda como elefante blanco”, insiste. Y tiene la lista clara: “El alcantarillado se inició, pero no se terminó, entonces no está habilitado; tampoco han cumplido con el acueducto; construyeron una estructura para el ICBF, pero no nos la han entregado ni hay funcionarios; prometieron 200 viviendas e hicieron la caracterización, pero no sabemos a dónde se desvió ese presupuesto, y nosotros hacemos preguntas, pero nunca nos dan respuestas”.
Y lo que ya tienen tampoco es suficiente. Parece que no hay derecho a salud, porque solo hay un puesto de nivel básico, con medicamentos insuficientes, para una población de casi 3.700 personas. El hospital de segundo nivel más cercano está en Leticia, a 21 días por el río en un trayecto en el que pasan por Perú y Brasil antes de volver a Colombia. Eso, partiendo desde el caserío central, porque hay comunidades que quedan a dos días por el río Igara Paraná. “Con el covid-19 tuvimos dificultades graves. Aquí no hubo ni una institución, por lo que la única forma de tener elementos de bioseguridad fue a través de otras organizaciones indígenas, como la ONIC y la OPIAC”, dice Manuel.
Vivir una urgencia es solo el ejemplo extremo de las dificultades de comunicación que tienen los cuatro pueblos indígenas. Pero las padecen a diario con la alimentación, pues a excepción de la yuca, el plátano, las frutas y los animales que cazan, todo se trae por el río o en el avión de carga que llega una vez a la semana desde San José del Guaviare. “Ambos son muy costosos. Transportar un kilo de carga en avión ya está costando $ 6.500 pesos. Entonces si mandan un kilo de papa desde San José y allá vale $3.000, aquí llega valiendo casi $8.500”, cuenta Edwin Teteye, rector del colegio que funciona en lo que fue la Casa Arana y quien tiene una tienda en el pueblo.
Por tal la razón, la Azicatch espera que el Ministerio del Interior acepte la solicitud que presentará para que lo reconozcan como Consejo Indígena, una figura jurídica que nació en el gobierno Santos con el Decreto 632 para resguardos en áreas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés, y que les permitiría desarrollar funciones administrativas públicas, como definir y desarrollar políticas propias y recibir y administrar recursos públicos y privados.
Manuel Joinama, quien quedaría a la cabeza, tiene todas sus esperanzas puestas en ello. “No hemos visto mucha voluntad estatal, pero esa es nuestra apuesta política en este momento. Esperamos que las instituciones nos apoyen y nos tengan en cuenta en los espacios de decisiones para que nuestra estructura de gobierno se pueda ejercer y así seguir blindando nuestro territorio contra las violencias”.
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