Si en tres meses Cerro Matoso no tramita una nueva licencia ambiental que se ajuste a estrictos lineamientos para proteger al medioambiente y las comunidades, la actividad de esta mina a cielo abierto –que opera desde hace más de 30 años y es la cuarta más importante en la explotación de ferroníquel en el mundo– podría ser suspendida de manera indefinida en Córdoba.
La decisión de la Corte se dio al estudiar las tutelas de representantes de siete comunidades del resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge, y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré. Al evaluar sus condiciones de salud, la corporación encontró que algunos de sus integrantes han sufrido lesiones cutáneas graves, enfermedades que irritan las vías respiratorias, cáncer de pulmón, afectaciones cardíacas y niveles altos de níquel en la sangre y la orina, como consecuencia de la actividad de Cerro Matoso.
Esto llevó a que por primera vez, un fallo de la Corte Constitucional hable de una compensación con dinero por parte de una empresa minera para las comunidades afectadas, liquidación que debe ser definida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en seis meses. La decisión, con ponencia del magistrado Alberto Rojas, también le ordena a Cerro Matoso la financiación de un Fondo Especial de Etnodesarrollo para reparar a las víctimas colectivamente. Una cuarta orden es que esa empresa debe atender a las personas que padecen enfermedades por el níquel y ferroníquel.
Fuente: http://caracol.com.co/radio/2018/03/17/ecologia/1521294762_465128.html
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