"El indígena sin tierra no es nada", afirma Arnoldo Arcila Ramírez, gobernador del resguardo La Albania, ubicado entre los municipios caldenses San José y Risaralda. No solo lo dice por los indígenas del departamento que no tienen territorio para vivir, sino también por los problemas de tierras de su resguardo.
Sostiene que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), antigua entidad del Ministerio de Agricultura, compró hace 24 años el terreno de La Albania, en donde viven cerca de 300 indígenas, organizados por parcelas para los habitantes. La situación cambió hace un año, cuando un hombre llegó a reclamar una cuadra como de su propiedad.
"Nosotros no compramos eso, desconocemos si antes tenía dueño. Le pedimos a la
Agencia Nacional de Tierras (ANI, entidad que reemplazó al Incoder) que nos resuelva este problema. Tenemos otra situación, pues por un costado del resguardo pasa el túnel de Tesalia para la obra Pacífico III. No hubo consulta previa con la comunidad para mirar si podía realizarse. Les dijimos que la tierra era nuestra, pero nos respondieron que no sabían nada", menciona Arcila.
"La pervivencia del pueblo indígena está en los territorios. El día que la comunidad entienda que la lucha que dan los pueblos indígenas por preservar la biodiversidad, las reservas, el agua y las formas propias de provisión limpias, el mundo va a decir que esa lucha era cierta. Se ha dicho que los indígenas a toda hora quieren más tierra, que somos latifundistas, y mentiras. Estamos reclamando algo que nos han quitado", explica Germán Herrera Guevara, coordinador del Área de Territorio y Ambiente en el CRIDEC.
En el proceso de minga indígena, los de Caldas han logrado $5 mil millones para el saneamiento, ampliación y constitución de resguardos. "Solo se ha podido hacer efectiva la compra de un terreno para el resguardo indígena Totumal de Belalcázar, pero la ANI encontró el predio en Viterbo, lejos del resguardo", indica Herrera.
En la compra se gastaron $2 mil 300 millones, por lo que los indígenas aseguran que les queda muy poco para resolver las necesidades de las 18 comunidades adscritas al CRIDEC .
Herrera y el indígena Abel David Jaramillo Largo, electo representante a la Cámara por Caldas del Movimiento Alianza Social Indígena (MAIS), coinciden en que es necesario que el Gobierno Nacional le apunte a una reforma agraria, en virtud de la tenencia de tierra para la manutención, producción y soberanía alimentaria de las familias.
"Hay comunidades indígenas superpobladas, hacinadas; a otros les ha tocado migrar hacia los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia o Boyacá, y hay casos en los que les ha tocado cambiar su actividad económica agrícola y pecuaria por la explotación minera en la que la informalidad es alta. Eso está en el Plan de Salvaguarda que estableció la Corte Constitucional. El Gobierno debe adelantar un plan de garantías para que la gente regrese al territorio y pueda mantener su pervivencia física y la identidad cultural. Esto está en manos de la ANI, la compra y adquisición de predios, pero se hace en donde el mismo Gobierno estime posible, no en territorios de la comunidad", señala el representante.
La ANI responde que el mecanismo legal de otorgar tierras para sanear los territorios indígenas en Caldas se hace a través de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas. En cualquier caso se respeta la propiedad privada, y el que aprueba una solicitud con viabilidad es el consejo directivo que preside el Ministerio de Agricultura. Las cuentas de la ANI para Caldas es que existen seis resguardos indígenas legalizados que benefician a 4 mil 756 familias y 20 mil 650 personas, con un área legalizada de 1.146 hectáreas; todas estas cifras menores a lo que exponen los indígenas en el departamento.
Fuente: http://www.lapatria.com/caldas/la-sagrada-necesidad-de-tierra-de-los-indigenas-en-caldas-418855
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