El renovado debate sobre descentralización y autonomía territorial es positivo para el país. En tal sentido, vale la pena resaltar el informe y recomendaciones de la Misión de Descentralización, que el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación debe poner en el centro de la agenda de dicha entidad. El nuevo ministro del Interior debe jugar también un papel crítico en este sentido, y el Ministerio de Hacienda, hacer las propuestas sobre financiamiento.
La heterogeneidad regional del país hace esencial esta tarea. La tendencia centralista que estableció la Constitución de 1886 y se afianzó durante el grueso del siglo XX fue preocupante. La Constitución de 1991 y la decisión previa de elección popular de los alcaldes dio un paso positivo, pero estuvo sucedida por una tendencia a la recentralización que ha caracterizado varios gobiernos durante el siglo actual.
Las propuestas de la Misión de Descentralización deben estar en el centro del debate. Ellas incluyen la expedición de una nueva ley orgánica de ordenamiento territorial, una clara definición y delimitación de competencias de los departamentos y municipios, y el diseño de mecanismos de supervisión que garanticen el cumplimiento de sus funciones y la integridad de sus procesos políticos. También es importante el fortalecimiento de los esquemas asociativos territoriales y de la participación ciudadana en las regiones. Algunas propuestas deben dar lugar a iniciativas legislativas y, cuando se requiera, constitucionales.
Atacar las desigualdades regionales, que han tendido a aumentar durante las últimas décadas, debe ser un objetivo esencial de las reformas. Es esencial, por lo tanto, que la agenda incluya mecanismos de financiamiento redistributivos regionalmente, así como instrumentos de apoyo a la formación de los equipos de funcionarios públicos y, más en general, al desarrollo de capacidades en las regiones menos avanzadas del país.
En términos de financiamiento, es esencial garantizar recursos públicos adecuados para los departamentos y municipios. En tal sentido, el tema más importante es un sistema adecuado de participaciones en las rentas nacionales, con reglas que, como se señaló, contribuyan a reducir las desigualdades regionales.
Se debe evitar, sin embargo, el esquema de participaciones porcentuales en las rentas nacionales, por una razón básica: cualquier reforma tributaria nacional genera automáticamente más gasto público a través de dichas participaciones y reduce, por lo tanto, la capacidad de la Nación de reducir los déficits fiscales. El esquema apropiado debe ser fijar dichas participaciones en términos monetarios, con ajustes por la inflación, o como proporciones del ingreso nacional, y está basado en buenos análisis de cuántos son los recursos que necesitan los departamentos y municipios para ejercer sus funciones.
La propuesta del gobernador de Antioquia de entregarles el impuesto de renta a los departamentos debe ser descartada de plano. Implicaría que los departamentos podrían reducir dichos impuestos para atraer inversiones. Esta competencia tributaria entre departamentos sería desafortunada, como lo es en Estados Unidos y a nivel mundial. Por eso la cooperación tributaria internacional promovida por la OCDE y la ONU ha buscado limitar dicha competencia.
Es necesario, finalmente, promover una buena reforma de los impuestos departamentales y municipales. Para el país no tiene sentido que, en contraste con la multiplicidad de reformas de los impuestos nacionales, el régimen tributario territorial dependa todavía de la Ley 14 de 1983, es decir, de una norma expedida hace más de cuatro décadas. Entre otros elementos, la reforma tributaria territorial debe incluir la entrega de impuestos dinámicos a los departamentos y reformar el antitécnico de industria y comercio municipal (ICA), reemplazándolo, por ejemplo, por una sobretasa del IVA.
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