Después de una espera de 27 años, por fin los gobiernos indígenas de áreas no municipalizadas de la Amazonia podrán manejar el dinero de las transferencias sin intermediarios.
En Leticia, la Presidencia, los ministerios del Interior, de Hacienda y de Agricultura, el DANE y el DNP reconocieron los gobiernos propios de 36 resguardos indígenas que ocupan 26 millones de hectáreas de territorio prácticamente intacto y que estaban en un limbo jurídico de ordenamiento territorial que les impedía, en efecto, gobernar lo que es suyo por ley (de origen y nacional).
El documento, que está prácticamente listo desde hace ocho años, pero que ha pasado de ministerio en ministerio, resuelve temporalmente el problema de las áreas no municipalizadas. Estos territorios sólo existen en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés y se conocen como corregimientos departamentales. Todas bajo la figura de territorio indígena. Esto significa que el 37,6 % de la Amazonia colombiana no tenía un gobierno, o por lo menos no uno reconocido formalmente.
El decreto, aunque sea transitorio, resuelve estos problemas, pues los recursos llegarán directamente a manos indígenas, que, con ayuda técnica del Gobierno Nacional, los administrarán y lo invertirán en sus territorios. Al fin y al cabo, los $3.886 millones que se van para Amazonas, los $1.637 millones de Guainía y los $370 millones de Vaupés que hacen parte del SGP son para los indígenas. Y ahora son ellos quienes manejan su plata.
Como efecto colateral, este decreto transitorio va a permitir que el país conozca cuántos indígenas hay en estas áreas no municipalizadas y a qué pueblos pertenecen, porque le exige al DANE censar hasta la última maloca para ajustar la cantidad de plata que llegará a cada territorio. El censo de 2005 contó 58.271 personas. “Este dato podría estar subestimado debido a que la omisión censal en estos territorios estuvo entre el 50 y el 100 % debido a que son áreas rurales dispersas y a problemas de orden públicoen el año del censo”, dice el DANE.
El decreto intenta blindar el dinero contra la corrupción: los representantes legales de cada ATI serán sujetos de control fiscal como cualquier otro colombiano, y cada ATI debe demostrar cómo ha ejecutado mínimo el 60 % de sus recursos en los últimos tres años y qué convenios tiene con entidades públicas o privadas. Queda pendiente que el DNP haga un decreto paralelo con los pasos de lo que llamaron “la descentralización de los recursos del Sistema General de Participaciones”.
Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-conquista-historica-de-los-indigenas-de-la-amazonia-articulo-749085
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