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Indígenas de la comunidad Liwinaka del Pueblo Sikuani resisten desalojo en Puerto Gaitán: exigen mesa de diálogo


En un enfrentamiento cada vez más agudo entre la comunidad indígena de Liwinaka del Pueblo Sikuani en Puerto Gaitán, Meta, y las autoridades municipales, la tensión generada por un desalojo programado ha llevado a un punto crítico. A pesar de la solicitud explícita de la Agencia Nacional de Tierras de suspender cualquier acción administrativa que afecte a la comunidad indígena y el llamado desesperado de los líderes indígenas, la fuerza pública irrumpió en el territorio con grúas y tanquetas, derribando viviendas y desplazando a decenas de familias, dejándolas en la intemperie.


Este acto de desalojo, visto por los líderes Sikuani como una violación flagrante de sus derechos fundamentales y una amenaza directa a su territorio ancestral, ha desencadenado una oleada de denuncias y llamados de auxilio. Los relatos de los líderes indígenas describen la presencia de hombres encapuchados que, según ellos, responden a los intereses de las empresas petroleras que operan en la región.



La resistencia del Pueblo Sikuani se fundamenta en sus derechos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, respaldados por convenios como el 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Además, hacen hincapié en las tragedias históricas sufridas en la región y en su lucha constante por la defensa de su territorio desde la promulgación de la Constitución de 1991. A pesar de las tragedias históricas, como las masacres ocurridas en la región de Planas en 1970, perpetradas por el Ejército Nacional y el DAS rural, las comunidades indígenas nunca abandonaron su tierra en la reserva indígena. Desde la promulgación de la Constitución de 1991, han persistido en la búsqueda de transformar sus territorios en resguardos.


No obstante, lamentaron la negativa del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) a llevar a cabo los estudios necesarios para este proceso. Según ellos, esta omisión ha favorecido los intereses de grupos paramilitares y empresas petroleras como Ecopetrol. Como resultado, diversos actores han obtenido presuntamente títulos de propiedad privada, lo que ahora amenaza con el desalojo actual.



Frente a esta coyuntura crítica, las autoridades indígenas han exigido de manera firme la conformación de una mesa de trabajo con las instituciones gubernamentales pertinentes, incluyendo al Presidente Gustavo Petro, para garantizar el respeto a la Constitución y las leyes colombianas. Ante esta situación, el vocero Sikuani Armando Herrera asegura que “solicitamos a las entidades nacionales como la Defensoría del Pueblo, los Derechos Humanos y  todas las entidades que no se sientan en la oficina, si no que vengan a circular en el territorio a tomar toda la evidencia de lo que han hecho la Policía, el Ejército Jacional junto con la Administración Municipal de Puerto Gaitán”.  A pesar de la solicitud de la Agencia Nacional de Tierras de suspender el desalojo, el Secretario de Gobierno de Puerto Gaitán insiste en la necesidad de un pronunciamiento judicial para detener el proceso. Cabe resaltar que el alcalde de Puerto Gaitán no ha hecho presencia en el territorio. Por su parte, Felipe Harman, director nacional de la ANT afirma que “tenemos que revisar de forma detallada esos títulos, esclarecer también de quiénes son, por qué están ocupados, bajo qué consideraciones, si es territorio ancestral o no y, antes que nada, evitar que se atropelle a la comunidad indígena que es sujeto de especial protección según la Corte Constitucional”, ratificando la importancia de una revisión técnica y jurídica del caso.


La comunidad indígena de Liwinaka, en su llamado urgente a la acción, insta a una intervención inmediata de las autoridades competentes para encontrar una solución legal e integral a esta problemática. Demandan la creación de una mesa de trabajo que permita su participación activa, asegurando una resolución justa y respetuosa de sus derechos ancestrales, en medio de un contexto de presiones políticas y económicas que amenazan su existencia misma.


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