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Histórico acuerdo entre Justicia Ordinaria e Indígena tras 33 años de espera

Después de más de tres décadas de espera, Colombia ha dado un paso significativo hacia la integración de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena. El Ministerio de Justicia anunció que se ha concluido con éxito la redacción de un proyecto de ley que permitirá a ambas jurisdicciones trabajar de la mano, marcando un hito histórico en el sistema judicial del país.



Desde la promulgación de la Constitución de 1991, los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia han tenido autonomía para ejercer sus propios sistemas de justicia, caracterizados por el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Sin embargo, la falta de coordinación con la jurisdicción ordinaria ha generado conflictos de competencia y vacíos legales que impidieron la resolución efectiva de casos penales y civiles. Este nuevo proyecto de ley, fruto de años de trabajo y diálogo, busca eliminar estas barreras y fomentar una cooperación efectiva entre ambos sistemas judiciales.


El proyecto de ley fue desarrollado en colaboración con la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas y otras entidades, incluyendo el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, liderado por Néstor Osuna. La magistrada Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, destacó la importancia del acuerdo, describiéndolo como "un hecho histórico que merece todo el reconocimiento" y un producto de "un gran trabajo en equipo".


El documento incluye definiciones, principios orientadores, y mecanismos para coordinar y resolver conflictos entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y la jurisdicción ordinaria. Este esfuerzo conjunto busca saldar una deuda histórica ligada al artículo 246 de la Constitución Política, proporcionando a las jurisdicciones indígenas una plataforma segura para resolver conflictos de manera pacífica.


La implementación de este proyecto de ley representa una oportunidad para mejorar la confianza de los grupos étnicos en el sistema judicial colombiano y garantizar los derechos de las víctimas. Delitos comunes en los resguardos indígenas, como tráfico de estupefacientes y violencia de género, podrán ser abordados con mayor eficacia, tanto por la jurisdicción especial indígena como por la ordinaria.


Para Miriam Chamorro, representante legal de la Organización Nacional de Gobierno Mayor, este proyecto es un avance significativo. "Es un paso importante en el fortalecimiento de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas", comentó. El proyecto de ley será presentado al Congreso de la República en las próximas semanas. Antes de su discusión en el Congreso, cada grupo indígena deberá realizar una consulta previa para aprobar o proponer modificaciones al texto. Si se aprueba sin objeciones, el Ministerio de Justicia procederá a radicar el proyecto formalmente para su debate y posible aprobación como ley.


Néstor Osuna, Ministro de Justicia y del Derecho, expresó optimismo sobre el futuro del proyecto: "Celebro llegar a este acuerdo y lo defenderemos en el Congreso a partir del 20 de julio. Las jurisdicciones indígenas tendrán un piso, una plataforma segura para resolver conflictos de manera pacífica". Este histórico acuerdo no solo busca resolver conflictos jurisdiccionales, sino también avanzar hacia una justicia más inclusiva y equitativa para todos los colombianos, saldando así una deuda histórica con los pueblos indígenas del país.


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