El debate sobre la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), con el propósito de descentralizar recursos y competencias hacia los territorios, ha generado posiciones encontradas entre actores clave en Colombia. Gobernadores, entidades del sector financiero, así como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior han expresado opiniones y preocupaciones diversas sobre los efectos económicos de una descentralización abrupta y sin un marco de sostenibilidad.
Gobernadores: llamado a una descentralización urgente
Los gobernadores del país, entre ellos el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, han resaltado la necesidad de que el Congreso avance en la discusión de la reforma, que consideran esencial para agilizar la gestión de proyectos locales y mejorar las condiciones de sus territorios. Señalan que la centralización actual ha limitado la capacidad de respuesta de los departamentos, especialmente en temas como salud, educación e infraestructura, y que una mayor autonomía podría generar respuestas más efectivas ante las necesidades específicas de cada región. Aun así, han manifestado inquietud sobre el diseño de la reforma, solicitando garantías de que los recursos se ejecutarán de manera ágil y que los procesos no enfrenten trabas burocráticas o financieras. Los gobernadores también destacaron la importancia de que el Congreso y el Gobierno definan un marco normativo que permita una distribución justa y efectiva del SGP sin que los territorios enfrenten compromisos financieros difíciles de cumplir.
Ministerios de Hacienda e Interior: enfoques y prioridades diferenciadas
Por otro lado, en el nivel central, las diferencias en el gobierno sobre cómo abordar la reforma se han evidenciado en las posturas de los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Juan Fernando Cristo. Mientras el Ministerio de Hacienda expresa reservas frente a la propuesta, indicando que una transferencia acelerada de recursos a las regiones podría impactar la sostenibilidad fiscal del país, el Ministerio del Interior defiende la necesidad de la descentralización como herramienta de desarrollo y equidad territorial. Para Hacienda, la prioridad es asegurar que cualquier aumento en la participación de los departamentos en el presupuesto nacional esté acompañado de mecanismos de control y responsabilidad fiscal. El Ministro Ricardo Bonilla ha advertido que, sin estas garantías, el proceso podría traducirse en presiones adicionales sobre las finanzas públicas, afectando a largo plazo la estabilidad económica. En contraste, el Ministro Juan Fernando Cristo ha defendido que una mayor autonomía financiera fortalecería a las regiones y permitiría una administración más directa y enfocada en las realidades locales, lo cual responde a la agenda de descentralización que el gobierno ha promovido desde el inicio de su mandato.
Asobancaria y la sostenibilidad fiscal
Desde el sector bancario, Asobancaria ha expresado su inquietud acerca de los efectos fiscales que podría acarrear una descentralización rápida y sin un enfoque adecuado de sostenibilidad. Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, señaló que la reforma debe estructurarse cuidadosamente para evitar sobrecargas financieras y pérdidas en la eficiencia de ejecución de los recursos públicos. Vera subraya que si bien el principio de descentralización es fundamental, una implementación apresurada podría tener efectos negativos, creando un escenario de vulnerabilidad para las finanzas nacionales. Según Asobancaria, los territorios deben estar preparados tanto en términos de capacidad administrativa como en estrategias de sostenibilidad, para que los recursos transferidos no generen riesgos fiscales. Además, propone una fase gradual de implementación acompañada de ajustes normativos, que permitan a los gobiernos locales mejorar sus capacidades de gestión antes de recibir una mayor autonomía financiera.
Al respecto, Vera menciona que “Más allá de lo debatible del argumento (solo recursos monetarios para resolver un problema), es importante incluir otros elementos en esta discusión. Por ejemplo, la generación de capacidades regionales para estructurar proyectos viables, incentivos a la descentralización del capital humano (que se queda en la capital y no regresa a las regiones), y el fortalecimiento de las finanzas de las ciudades, mejorando el recaudo de ICA y actualizando el catastro, al tiempo que se evita la denominada “pereza fiscal” en algunas zonas”.
El camino hacia una descentralización más profunda y efectiva en Colombia enfrenta tanto apoyo como escepticismo, con sectores clave advirtiendo sobre la importancia de estructurar un proceso que contemple el desarrollo de capacidades administrativas y fiscales en las regiones. Mientras los gobernadores impulsan la reforma como una necesidad para avanzar en la autonomía territorial, Hacienda y el sector bancario insisten en que el proceso debe salvaguardar la estabilidad fiscal nacional. En este contexto, la discusión del SGP continúa siendo uno de los puntos críticos para el futuro de las finanzas públicas y la organización administrativa del país.
Fuentes: FM, La Razón, La Silla Vacía, El Colombiano y La República.
留言