19/11/2023
El impulso hacia la descentralización en Colombia experimentó un hito significativo con la Constitución Política de 1991, que definió al país como unitario descentralizado y asignó competencias a los gobiernos locales. Estas competencias, en su mayoría, eran financiadas mediante transferencias del gobierno central. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se ha observado un cambio en esta dinámica, marcado por una tendencia hacia la recentralización de las decisiones de gasto.
Un punto clave en esta transformación fue el Acto Legislativo 01 de 2001, que instauró el Sistema General de Participaciones (SGP), alterando la forma de determinar las transferencias a municipios y departamentos. En esta nueva regulación, las transferencias ya no serían un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, sino que seguirían el ritmo de crecimiento de estos en los últimos cuatro años. Como resultado, las transferencias pasaron de aproximadamente el 46,5%, según lo planteado originalmente en la Constitución, a cerca del 22%.
Más allá de la cuantía de los recursos, la toma de decisiones sobre su utilización ha sido objeto de reformas y disposiciones administrativas que han limitado la discrecionalidad presupuestal de las entidades territoriales. El grueso del SGP se destina principalmente a educación (58,5%) y salud (24,5%), representando un 83% del total de las transferencias.
En el ámbito educativo, cerca del 80% se orienta al pago de la nómina de maestros. Dado que la negociación salarial se realiza a nivel nacional con Fecode, los municipios y departamentos terminan siendo meros pagadores de nómina, reduciendo así los recursos destinados a aspectos relacionados con la calidad educativa, bajo el control de los gobiernos locales.
En el sector salud, la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 estableció la creación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Esta entidad asumió la administración de los recursos del SGP destinados a subsidios y al Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), así como los ingresos generados por el monopolio de juegos de suerte y azar de Coljuegos, anteriormente destinados a financiar el aseguramiento en salud en las entidades territoriales.
A pesar de que los fondos para salud y educación son registrados nominalmente a nombre de las entidades territoriales, en la práctica, estas carecen de influencia significativa en la gestión de gran parte de los recursos. En su lugar, es el Gobierno nacional quien toma las decisiones relevantes. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza descentralizada del manejo del gasto público en Colombia.
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