La reciente aprobación del Congreso de la República a la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) representa un avance significativo en la descentralización fiscal del país, otorgando mayores recursos a las regiones. Sin embargo, expertos y líderes regionales coinciden en que este es solo el primer paso hacia una verdadera autonomía territorial, destacando la necesidad de fortalecer las capacidades administrativas y garantizar una gestión efectiva de los fondos transferidos.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la reforma como un avance, pero insuficiente, al considerar que el proceso de descentralización aún depende de una Ley de Competencias que defina las responsabilidades específicas de las regiones. En referencia a la aprobación del SGP, el funcionario mencionó que “el acto legislativo camina en el sendero que buscamos en las regiones, pero el periodo establecido es de 14 años y está sujeto a la aprobación de una ley de competencias”. Rendón propuso modelos más autónomos, como la retención de tributos de renta y patrimonio en los departamentos, lo que, según él, otorgaría una verdadera independencia fiscal.
En seguridad, Rendón destacó la necesidad de fortalecer las capacidades locales para enfrentar desafíos como el accionar del Clan del Golfo, y subrayó que el gobierno nacional debe concentrarse en políticas macroeconómicas y de justicia, dejando a las regiones un papel más activo en su desarrollo y protección.
Rendón resaltó la dependencia de las regiones para la toma de decisiones, exponiendo lo siguiente: “Existe tanta centralización, que de las rentas que se originan en Antioquia, como las propias de la fábrica de licores de Antioquia o las de la Lotería de Medellín que van a salud, hay que pedir permiso al Ministerio de Salud para aplicar los excedentes en aplicarlos al alivio de hospitales. Este año destinamos cerca de $100.000 millones para aliviar la condición financiera de los hospitales, pero eso es un paliativo a un problema estructural”.
Desigualdades persistentes
Por su parte, el analista Mauricio Cabrera Galvis advirtió al medio Portafolio que mayores transferencias no garantizan una reducción de las brechas sociales y económicas. Departamentos como Vichada y Guainía, a pesar de recibir más recursos per cápita que el promedio nacional, presentan una alta incidencia de pobreza multidimensional. Cabrera señaló que la clave radica en fortalecer las capacidades institucionales para traducir los recursos en resultados concretos y sostenibles para las comunidades más vulnerables.
La Ley de Competencias, que deberá aprobarse en los próximos dos años, será crucial para concretar los objetivos de la reforma al SGP. Esta legislación deberá incluir medidas que fortalezcan la gobernanza territorial, asegurando que las transferencias beneficien de manera equitativa tanto a las zonas urbanas como a las rurales más apartadas.
Tanto Rendón como Cabrera coinciden en que el éxito de la descentralización no solo depende del aumento en los recursos, sino también de una gestión eficiente y de la implementación de políticas que permitan a las regiones asumir un rol más activo en su desarrollo. Con el inicio de este proceso, el país se enfrenta a la oportunidad de construir un modelo más equilibrado y justo para sus territorios.
Fuente: La República y Portafolio.
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