28 de julio de 2020
En la Constitución de 1991 se estableció el mandato de construir un nuevo modelo de país caracterizado por la descentralización y la autonomía territorial, un sueño que vive esperando esa Colombia que muchos desconocen, la de los olvidados.
Hablar de descentralización es hablar de democracia, es hablar de bienestar y calidad de vida para los ciudadanos de un territorio determinado.
Es un medio para darle autonomía a sus territorios y para que sus gobernantes, conocedores directos de la población y de sus problemáticas, generen las políticas para transformar su realidad y así de manera directa, se implementen con enfoques diferenciales y de innovación de políticas públicas pensadas desde y para el territorio. De este modo se podrá fortalecer el crecimiento social, económico, ambiental y disminuir desigualdades.
Sin embargo, la tarea no ha sido fácil. Hay quienes creen que este es un asunto que se reduce a dirimir entre Federalismo y Centralismo, pero es mucho más complejo.
Yo estoy hablando de una descentralización con autonomía real en Colombia que permita una mayor participación de los territorios y una administración óptima de los recursos por parte de las regiones.
Es una experiencia que hemos vivido quienes hemos liderado los destinos de nuestros departamentos. Lamentablemente los gobiernos nacionales de los últimos 30 años han sido al extremo centralistas, los recursos los han administrado desde Bogotá y se han diseñado leyes con muchas competencias, pero sin éstos, es decir, no tenemos autonomía real.
No puede ser que los mandatarios locales tengan que viajar a Bogotá para defender los proyectos locales. De acuerdo a las reformas constitucionales 01 de 2001 y 04 de 2007, pasamos de participar del sistema general de participaciones del 46% al 26% y han dejado de percibir las entidades territoriales por estas reformas 200 billones de pesos.
Pero también en las regalías las últimas reformas que se han realizado han sido para disminuir recursos a los territorios, centralizarlas y perder el nivel de gobernanza.
En cuanto a la Ley de regiones pienso que primero se debe fortalecer la RAP (Región Administrativa y de Planificación) y luego ir migrando hacia la RET (Regiones Entidad Territorial). Considero que fue muy importante haber logrado que la RAP además de su función de planear, participará con proyectos de desarrollo con presupuesto general de la Nación y Regalías, además de la ejecución de estos recursos.
Fundamentalmente lo que se necesita es que la misión de descentralización que se plantea en la Ley participe en la reforma del Sistema General de Participaciones y además, poder lograr una mayor capacidad fiscal estableciendo tributos departamentales diferentes a los que tenemos.
Respecto a la reglamentación que va a tramitar el Gobierno en agosto, no se puede permitir que disminuyen los recursos del Fondo Nacional ni los recursos de ciencia, tecnología e innovación. Es importante seguir ejerciendo las secretarías técnicas desde los OCAD Regionales, para así viabilizar los proyectos en las regiones.
En la medida en que los municipios y departamentos puedan tener esa autonomía y cuenten con los recursos necesarios para lograr el desarrollo social y económico de sus habitantes, se podrá empezar a acortar la vergonzosa brecha social que existe.
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