La Gobernación de Antioquia sugiere que los impuestos de renta y patrimonio de las personas naturales y jurídicas sean manejados por los departamentos, con el 85% distribuido según la proporción de población respectiva. El 15% restante iría a la Dian y a un fondo de compensación para departamentos perjudicados por esta medida.
En 2023, alrededor de $161 billones fueron recaudados por retención en la fuente, renta y patrimonio. De este monto, aproximadamente $24 billones se destinarían a la Dian y al fondo de compensación, mientras que casi $137 billones se distribuirían entre los departamentos.
Bogotá recibiría el 15%, Antioquia el 13%, el Valle el 9%, y junto con Cundinamarca, Santander, Atlántico y Bolívar (triángulo de oro extendido), captarían cerca del 58% del total. Estos departamentos verían un incremento exponencial en sus recursos (gráfica 2) en comparación con lo que reciben actualmente a través del Sistema General de Participación (SGP). Por otro lado, Guaviare, Amazonas, San Andrés, Guainía y Vaupés recibirían un monto significativamente menor en conjunto, apenas un 0,7%. Excepto Guaviare y el archipiélago, estos departamentos recibirían menos de lo que actualmente reciben por el SGP, estando sujetos a un fondo de compensación.
Además, con esta propuesta, el SGP ya no sería necesario dado que la renta y el patrimonio contribuyen con casi el 50% de los ingresos corrientes de la nación. En consecuencia, cada departamento tendría la autonomía para financiar y ejecutar sus competencias descentralizadas, incluyendo sectores como salud, educación, agua potable, saneamiento básico, y otros 16 sectores descentralizados.
Otra propuesta alternativa se centra en el principio de equidad para abordar las disparidades socio-territoriales en políticas sociales y desarrollo económico, a través de dos instrumentos clave.
En primer lugar, se propone modificar los criterios de distribución del Sistema General de Participación (SGP) a favor de los municipios con alta densidad étnica, presencia ambiental destacada y que son predominantemente rurales, así como los pequeños pueblos. El objetivo es proporcionar a estas administraciones municipales más recursos para la prestación de servicios sociales básicos.
Por otro lado, se propone establecer un Fondo de Convergencia Económica (FECET) para cerrar las brechas intradepartamentales en desarrollo económico. Este fondo se destinaría a financiar proyectos de formación bruta de capital que impulsen la productividad y la competitividad de los sistemas económicos territoriales.
Los proyectos se diseñarían y ejecutarían con un enfoque de cobertura supramunicipal, con el fin de cerrar las brechas entre municipios y entre áreas rurales y urbanas. Esto incluiría el apoyo a cadenas productivas, centros de acopio, actividades de comercialización e infraestructuras, así como el fortalecimiento de la economía rural y los mercados locales.
Según se observa en la gráfica 1, la distribución per cápita del FECET beneficiaría principalmente a los departamentos menos desarrollados, contrarrestando así el impacto negativo que tendría la propuesta de la Gobernación de Antioquia, como se muestra en la gráfica 2.
Sin embargo, existe el riesgo de que, en nombre de combatir el centralismo nacional, se fortalezca el centralismo de los departamentos más ricos, quienes aumentarían exponencialmente sus recursos en comparación con los menos desarrollados y los más pobres. La verdadera oportunidad radica en fortalecer las finanzas departamentales para cerrar las brechas en desarrollo económico y bienestar social tanto entre los departamentos como entre los municipios dentro de cada departamento.
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