Después de más de 30 años de espera, el mapa político de Colombia está a punto de transformarse. A los actuales 32 departamentos y 1103 municipios del país, se sumarán, en los próximos años, al menos siete Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en la Amazonía. Este proceso, que busca reconocer el autogobierno de las comunidades indígenas sobre 15 millones de hectáreas, marca un hito en el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas.
Las ETI son una figura constitucional creada en 1991 que debía reglamentarse mediante leyes, pero que el Congreso no había desarrollado hasta ahora. Se espera que las primeras siete ETI cubran gran parte de las áreas no municipalizadas de Amazonas, Vaupés y Guainía. La creación de estas entidades refleja una nueva forma de entender la gobernanza territorial, al articular las estructuras de poder de las comunidades indígenas con las del Estado colombiano.
Un proceso constitucional postergado por décadas
La creación de las ETI fue ordenada por la Constitución de 1991, pero durante tres décadas el Congreso se abstuvo de legislar sobre la materia. Fue solo en 2018, bajo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que se expidió el Decreto Ley 632 de 2018, el cual sentó las bases para la creación de las ETI. Sin embargo, en los últimos años, el proceso ha enfrentado obstáculos que incluyen resistencias políticas y dificultades en la consulta previa con las comunidades indígenas.
Uno de los principales contratiempos ha sido la oposición del Congreso, que incluso ha promovido legislaciones en contravía del mandato constitucional. La Ley 2200 de 2022, por ejemplo, intentó convertir algunas áreas no municipalizadas en municipios, lo que fue rechazado por la Corte Constitucional por ir en contra de los derechos de los pueblos indígenas, quienes constituyen en promedio el 85% de la población en estas áreas. Este fallo reafirmó la necesidad de proteger los derechos de las comunidades indígenas y avanzar en la creación de las ETI.
El caso de Barrancominas: entre Municipio y Territorio Indígena
Un caso emblemático de esta controversia es el municipio de Barrancominas, en Guainía, en donde el 87% de la población es indígena. Pese a ello, en 2019, el Congreso y el Ministerio del Interior impulsaron su creación como municipio. La consulta previa que precedió esta decisión fue señalada por algunas comunidades como irregular, ya que no habrían participado todas las partes interesadas. Sin embargo, el municipio fue constituido y en 2023 eligió su primer alcalde.
En contraste, en otras áreas como San Felipe, también en Guainía, con una mayoría indígena del 92%, la comunidad votó en contra de la creación de un municipio en la consulta previa, lo que permitió acelerar el proceso de constitución de la ETI. Este proceso sigue en curso, pero las tensiones continúan debido a intereses locales que buscan convertir otras áreas en municipios, una postura respaldada por algunos congresistas.
Además de las dificultades políticas, el proceso de creación de las ETI también se ha visto afectado por la intervención de empresas privadas. Un ejemplo relevante es el caso del Territorio Indígena Pirá Paraná (Vaupés), donde la Corte Constitucional intervino tras denunciarse que la empresa MasBosques había realizado acuerdos para la venta de bonos de carbono sin consultar a las autoridades indígenas competentes. Esto generó conflictos internos en la comunidad y resaltó la necesidad de respetar los procesos de autodeterminación indígena.
La Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, responsable de liderar el proceso de constitución de las ETI, ha sido criticada y objeto de acciones legales debido a la falta de celeridad en los trámites y la exigencia de documentación que no se ajusta a la autonomía de los pueblos indígenas.
El nuevo modelo de administración directa de recursos
La creación de las ETI, además, tiene implicaciones profundas para la distribución de recursos públicos en estas regiones. Actualmente, los fondos del Sistema General de Participaciones (SGP) son canalizados a través de las administraciones locales y, en muchos casos, los proyectos son gestionados por terceros. Con la formalización de las ETI, estos recursos se transferirán directamente a las comunidades indígenas, un cambio significativo que genera resistencias entre actores políticos. El debate, además, plantea que el nuevo modelo no debería implementarse sin un marco legal competencial claro que regule el funcionamiento de las ETIs. Además, se cuestiona si los resguardos y territorios indígenas cuentan con las capacidades administrativas y técnicas necesarias para gestionar estos recursos de manera eficiente y sostenible.
Por otro lado, Antonio Loboguerrero, director de la Fundación Etnollano, una organización que acompaña a varias comunidades en el proceso, señala que las ETI suponen un reto para las estructuras tradicionales de poder, ya que alteran los flujos de dinero y reducen la intermediación en la administración de recursos. "Esto no es solo un cambio político, es una transformación en la forma en que el Estado interactúa con los territorios indígenas", afirma.
Los costos de conformar una ETI y el rol de la cooperación internacional
De las 22 ETIs que pueden ser constituidas, 13 procesos están avanzando de manera sólida en el país. Estos procesos constan de tres fases, y la mayoría ha completado las dos primeras. Diez comunidades indígenas reciben apoyo de la Fundación Gaia. Estas comunidades abarcan cerca de 8,3 millones de hectáreas, ubicadas principalmente en Amazonas y en una parte de Vaupés.
Además, tres comunidades que representan poco más de 1,7 millones de hectáreas están siendo respaldadas por Etnollano, una organización con dos décadas de trabajo en la región. Otras tres comunidades, que han finalizado la primera fase, cuentan con la asistencia de la Opiac, la organización de pueblos indígenas amazónicos. De las cinco comunidades restantes, tres han establecido contacto con la Opiac, mientras que dos están gestionando su proceso de manera independiente.
La realización de reuniones entre los capitanes y dos o tres delegados de los pueblos involucrados en la conformación de una ETI puede costar alrededor de 60 millones de pesos, considerando los gastos de transporte—que en muchos casos requiere vuelos en avioneta debido a la geografía de la Amazonía—, alimentación y alojamiento. De manera que el apoyo externo, proveniente de cooperación internacional, ha sido esencial para superar la limitación de recursos para financiar estos costos.
Un nuevo desafío para el Estado Colombiano
La creación de las ETI no solo marca un hito en el reconocimiento constitucional de los derechos de las comunidades indígenas, sino que también plantea un desafío significativo para el Estado colombiano. Las ETI no son una réplica de los departamentos o municipios, sino que se trata de entidades con autonomía para definir su propia organización interna, de acuerdo con los usos y costumbres de cada comunidad. Esto exige un replanteamiento de la forma en que el Estado interactúa con los territorios indígenas y cómo se articula su poder dentro del sistema político-administrativo del país.
Juan Carlos Preciado, investigador de Gaia, explica que las comunidades indígenas en las áreas no municipalizadas ya ejercen autoridad sobre sus territorios desde 1991. Sin embargo, la formalización de las ETI les permitirá acceder directamente a los recursos del presupuesto general, así como asumir competencias en áreas como la gestión ambiental y la seguridad territorial.
El reto para estas comunidades será equilibrar su autonomía con los requisitos legales del Estado, un proceso que muchos líderes indígenas ven con recelo. "Entendemos que la figura de las ETI puede ayudarnos, pero no concebimos el territorio como lo hace el Estado", señala Gonzalo Macuna. A pesar de las dificultades y los desafíos que presenta, el debate en torno a este proceso representa una oportunidad para fortalecer la descentralización y reconocer la diversidad cultural y territorial del país.
Fuente: La Silla Vacía.
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