En el norte del Cauca confluyen diferentes motivaciones en torno a las formas de acumulación y distribución de la riqueza, que conducen a diferentes tipos de violencia: contra los defensores de los derechos humanos, los líderes ecologistas o los indígenas que apoyan la erradicación de los cultivos ilícitos.
Además, la presencia del Estado es diferenciada y la actuación del ejército y la policía es polarizada y ambigua. Naturalmente, amplios sectores de la sociedad se sienten frustrados y excluidos, ya sea por razones de clase, étnicas o culturales.
En este contexto se inició un nuevo ciclo de incursiones en territorios organizados por el Cric y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin). Esta práctica se intensificó tres meses antes de las elecciones presidenciales, que se vieron como una oportunidad para pedir un cambio de mandato.
Las incursiones tienen lugar en zonas específicas de la tierra donde se cortan los cultivos con cuchillos. A menudo, los animales son conducidos a los campos, se destruyen algunas instalaciones o se incendia la maquinaria.
Esto ha provocado la reacción de los afectados, especialmente de los agricultores y trabajadores afro, que han levantado barricadas para impedir el paso de los indígenas. En los enfrentamientos también se produjeron heridos leves, disparos y papas bomba. El ejército, la policía y el Esmad fueron ambiguos y no intervinieron mucho.
Lo que está claro es que, desde la perspectiva indígena, la tierra está en el centro del conflicto. Sin embargo, también está claro que diferentes sectores con diferentes intereses se enfrentan por el mismo tema.
Estos sectores incluyen a Asocaña, a los propietarios privados representados por Procaña, a los afrodescendientes, a los consejos comunitarios, a los trabajadores de diversas asociaciones y sindicatos, y a diversas organizaciones de la sociedad civil.
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