29 de enero de 2021
El 2021 es el año de identificar e incorporar lecciones aprendidas, no solo como producto de 30 años del proceso de descentralización establecido en la Constitución de 1991, sino también a raíz del manejo de la pandemia de la COVID-19. Los devastadores efectos de esta crisis, en buena medida, son producto de históricas falencias en la estructura organizacional del Estado que recojo en cuatro reflexiones.
Primero, se necesita una fuerte coordinación entre los niveles de gobierno. Son frecuentes las discrepancias entre los gobiernos nacional y locales, y entre las mismas entidades territoriales. En varios casos, compiten entre ellos en lugar de alinearse para brindarle un mejor servicio al ciudadano. Los roles son difusos, y los múltiples espacios de diálogo parecen ineficaces. De ahí que es necesario clarificar las competencias, garantizar complementariedad y fortalecer los esquemas asociativos, como son las áreas metropolitanas. Y a su vez, el gobierno nacional debe incorporar de manera temprana el enfoque territorial en el diseño de las políticas.
Segundo, se requiere mayor disponibilidad y flexibilidad del gasto público local. Pese a que las entidades territoriales están más cercanas al ciudadano, un reciente análisis de Jaime Bonet evidencia que su principal fuente de financiación, el Sistema General de Participaciones, pasó de representar el 40% de los ingresos corrientes de la nación en 2002 al 27,5% en 2019. De esta manera, se han fortalecido los recursos del orden nacional en detrimento del nivel territorial. Asimismo, estos recursos se caracterizan por su rigidez, lo que limita su adaptabilidad a las necesidades locales.
Tercero, el ahorro territorial se convirtió en el salvavidas. El Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a través del cual se ampliaron las capacidades hospitalarias y se atendió a la población vulnerable, se financió con el ahorro proveniente del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Paradójicamente, la reforma a las regalías redujo significativamente estos recursos.
Cuarto, la transparencia y rendición de cuentas son un imperativo. Por ejemplo, aunque se han creado aplicativos, muy pocos contienen información actualizada sobre el nivel de ocupación de unidades de cuidados intensivos o los avances de los proyectos de inversión. ¿Qué arreglos institucionales deben realizarse para poder afrontar las próximas “pandemias”? Ojalá la Misión de Descentralización, que debió iniciar labores hace un año, nos dé luces al respecto.
Fuente: Vanguardia (2020) Contenido en: https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/juan-pablo-remolina/covid-19-y-descentralizacion-EH3339226
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