En un hecho calificado como el mayor avance en descentralización desde 1991, el Congreso de la República aprobó en último debate la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). La iniciativa, que modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución, incrementará gradualmente el porcentaje de ingresos corrientes de la Nación que se transfiere a los territorios, del actual 25% al 39,5% en un período de 12 años.
Más recursos y nuevas competencias
La reforma, impulsada por el Congreso y respaldada por el Gobierno de Gustavo Petro, prevé una redistribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. A través de una ley de competencias que debe ser aprobada antes de 2026, se definirán las nuevas responsabilidades que asumirán los departamentos, municipios y distritos. "Este es un salto cualitativo hacia un Estado más fuerte en los territorios", afirmó el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
El aumento de recursos estará destinado a sectores como salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Según el representante liberal Carlos Ardila, ponente del proyecto, "este acto legislativo es una respuesta a un clamor histórico de las regiones por mayor autonomía y equidad".
Apoyo y críticas
La reforma obtuvo un respaldo mayoritario en el Congreso, con 124 votos a favor y solo 3 en contra en la Cámara de Representantes. Figuras de diferentes partidos, incluyendo opositores al Gobierno, destacaron la importancia del proyecto para cerrar brechas territoriales. Sin embargo, sectores críticos, liderados por la Procuraduría General y algunos congresistas, advirtieron sobre los riesgos fiscales.
Katherine Miranda, de la Alianza Verde, sostuvo que "esta reforma podría costar entre 218 y 263 billones de pesos, representando cerca del 7% del PIB, lo que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal". Además, el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional no estuvieron presentes en el último debate.
Gobernadores celebran el avance
La aprobación fue ampliamente celebrada por autoridades locales. Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, afirmó que "durante décadas, los municipios y departamentos han sido relegados a un segundo plano. Este proyecto marca un antes y un después para la descentralización". Por su parte, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, subrayó que el aumento en las transferencias permitirá cumplir compromisos esenciales, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y proyectos de infraestructura social.
Próximos pasos
Con la conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado y la sanción presidencial, la reforma entrará en vigor en 2027. La ley de competencias será clave para garantizar que el aumento de recursos esté acompañado de una gestión eficiente y una redistribución de responsabilidades acorde a las capacidades de cada territorio.
Este acto legislativo representa un cambio estructural en el modelo de descentralización del país, con el potencial de transformar la manera en que los recursos son administrados y las necesidades locales atendidas. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación técnica y del equilibrio entre autonomía territorial y sostenibilidad fiscal.
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