La situación en Bojayá, Chocó, se ha vuelto desesperada para más de 3.000 personas pertenecientes a 12 comunidades campesinas e indígenas, principalmente del pueblo Embera, que se encuentran confinadas debido a la creciente presencia y control territorial de grupos armados ilegales, en especial las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo.
Según la Defensoría del Pueblo, son 3.350 personas, de 830 familias, las confinadas; la mayoría de ellas pertenece al pueblo indígena Emberá y que habitan en Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó. las entrevistas realizadas durante la misión de verificación revelaron detalles alarmantes. Las familias confinadas enfrentan una serie de abusos que incluyen la instalación de minas antipersonal, reclutamiento de menores, amenazas a líderes sociales y profesores, así como torturas contra indígenas y acoso sexual contra mujeres. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó que las comunidades viven un estado de terror constante, donde el miedo a represalias por parte de los grupos armados limita severamente su movilidad y acceso a recursos básicos.
La crisis humanitaria se ha intensificado con la presencia de retenes ilegales instalados por los grupos armados, donde las comunidades son extorsionadas y despojadas de sus pertenencias cuando intentan salir de sus territorios para acceder a ayuda humanitaria o recursos de indemnización. En entrevistas con miembros de las comunidades, se relataron experiencias de angustia y desesperación, describiendo cómo estos retenes se han convertido en obstáculos insalvables para acceder a la ayuda que tanto necesitan.
La producción de plátano, uno de los principales medios de subsistencia de la región, también ha sido afectada. En conversaciones con agricultores locales, se reveló que las restricciones impuestas por los grupos armados han impedido el ingreso de recursos a los pobladores, quienes dependen de este comercio para sustentar a sus familias. Las acusaciones infundadas de colaboración con otros grupos armados han profundizado la crisis económica en la región, dejando a muchas familias en la más absoluta precariedad.
La crisis también ha tenido un impacto devastador en las mujeres de Bojayá, quienes enfrentan violencia de género sistemática. En testimonios desgarradores, las mujeres relataron cómo son sometidas a requisas humillantes y acosadas sexualmente por los grupos armados. Muchas de ellas expresaron sentimientos de desesperanza y temor por el futuro, destacando la urgente necesidad de protección y apoyo.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas inmediatas. Se insta a continuar con el desminado de la zona y a aumentar la presencia de la fuerza pública para proteger a las comunidades afectadas y garantizar su seguridad. Según el defensor Camargo, esto había sido advertido en la Alerta Temprana 016 del 2021, pero, al parecer, pocas instituciones estatales le dieron atención a la manifestación de la entidad.
Fuente:
Comments