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Comunidades indígenas piden anular fallo de la Corte Constitucional sobre la pesca deportiva

La pesca deportiva representa el sustento de cerca de 2.500 familias en la región de la Orinoquía, por lo cual, consideran que la Corte Constitucional les está violando sus derechos.

Foto: cortesía Delio Suárez.

La pesca deportiva fue el punto de conversación en la Corte Constitucional días atrás, en donde se le consideró como una práctica que vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal, precepto que llevó a los magistrados a declararla inconstitucional.

Dentro de los argumentos presentados por la Corte se alega el principio de constitución ecológica, aseverando que la pesca deportiva representa un daño para la protección de los animales y la para la preservación de los ecosistemas en los que se practica; sin contar que la decisión se cobija bajo el principio de precaución que le otorga al Estado la potestad de intervenir cuando hay riesgo de daños al medio ambiente.

Sin embargo, en Colombia más de 2.500 familias dependen de la pesca deportiva, la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas de Vichada, Guainía, Meta, Chocó, Antioquia, Casanare y Amazonas, en donde esta actividad económica genera cientos de empleos para operadores logísticos, guías, auxiliares y dueños de comercios, según cifras de organizaciones gremiales, indígenas y rurales.


Hablamos con Delio Suárez, capitán y máxima autoridad de la comunidad La Ceiba, en el resguardo Almidón, en Guainía, una de las zonas afectadas por la reciente decisión de la Corte, sobre las implicaciones de esta sentencia para las familias que se sostienen de esta actividad que ellos definen como “sostenible”.

Al respecto de la decisión de la Corte Constitucional, Suárez aseguró que adelantan una acción para pedir la nulidad de la sentencia, pues defiende que desde las comunidades se trabaja en pro del cuidado y la conservación de los ríos y especies de peces que habitan estos ecosistemas.

“Nosotros cuidamos las lagunas, las especies se repueblan allí y son peces que están en los territorios, ellos se repueblan en su vida silvestre. Nosotros los cuidamos y así trabajamos”, recalcó el líder indígena, enfatizando en el impacto de esta decisión sobre las 50 familias que conforman las 21 comunidades indígenas del departamento de Guainía.


Además, Suárez resaltó que lo que hacen al interior de las comunidades es "fomentar el empleo de forma legal y transparente", cuidando los recursos y trabajando con los pescadores para la conservación de las especies que se usan para este fin.

Buscamos que este fallo no siga. Respetuosamente yo le digo a la Corte que nos colabore en este espacio. Si ellos nos quitan esta actividad, hay muchas familias en Colombia que se van a quedar sin trabajo.

El llamado de este líder indígena de Guainía busca que se anule la sentencia que prohíbe la pesca deportiva en el país pues, según relató a NoticiasRCN.com, es una práctica que se hereda de generación en generación al interior de las comunidades, en donde indígenas, campesinos y afrodescendientes se benefician para el desarrollo de sus pueblos mientras enseñan a los pescadores a respetar el equilibrio y cuidar de los ecosistemas de los cuales se sirven para este fin.

Lo que ha sucedido en la práctica es que se ha creado una alianza entre pescadores y comunidades para extraer los conocimientos ancestrales de estas para entender la naturaleza y cuidar los ecosistemas.

Finalmente, Delio Suárez, vocero de los cientos de personas que temen perder su forma de trabajo tras la decisión de la alta Corte, insistió en que el funcionamiento de esta práctica está basado en el cuidado de las lagunas y de las especies, y no en un sistema de explotación.

La pesca deportiva consiste en la conservación. Si no cuidamos las lagunas se van acabando. Lo que hacemos es cuidarlas y generar trabajo, cuidando que las especies no disminuyan y se extingan. Lo que hacemos es una práctica eficiente y sostenible para las siguientes generaciones.

La Corte, que difirió los efectos de la inexequibilidad a un año, sostiene que la pesca deportiva debe ser excluida del sistema legal por “vulnerar el principio de precaución y prohibición del maltrato animal”, un tema que sin duda ha cobrado importancia en los últimos años y que, además, refleja un avance en la sostenibilidad y la conservación de los recursos y las especies nativas del país.

No obstante, el llamado de las comunidades y las miles de familias que han encontrado en la pesca deportiva una actividad para mover su economía, es a considerar la reversión de este fallo teniendo en cuenta las prácticas de protección y respeto que implementan para su desarrollo.



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