Desde antes de las elecciones presidenciales de 2022, los consejos indígenas de los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía se reunieron para solicitar al próximo gobierno la formalización de las entidades territoriales de más de 30 pueblos indígenas. Esta petición se fundamenta en la Constitución de 1991 y el Decreto 632 de 2018. Los líderes indígenas instaron a los candidatos a incluir su demanda en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El PND, atendiendo estas solicitudes, estableció que para finales de 2024 se formalizarían al menos siete entidades territoriales indígenas (ETI) de las 15 que iniciaron el proceso hace años y cuyos consejos indígenas están registrados ante el Ministerio del Interior.
A pesar de las promesas, las comunidades ven con preocupación la lenta implementación. Hasta la fecha, solo cuatro de los 12 consejos indígenas han avanzado significativamente en la segunda fase del proceso. "Hasta el momento no ha podido concretarse, y es la deuda que tiene este país con esos territorios y con nuestra Constitución", afirma Doris Ochoa, directora ejecutiva de la ONG Gaia Amazonas.
La figura de entidades territoriales es vista por los líderes indígenas como esencial para ejercer su autonomía y preservar sus culturas. Antonio Matapí, autoridad indígena del Territorio Mirití Paraná, sostiene que estas entidades son "una herramienta para posicionar nuestro pensamiento ante el Gobierno Nacional".
El Decreto-ley 632 de 2018 detalla los mecanismos para la formalización de las ETI. La primera fase del proceso, que implicó el registro de 15 consejos indígenas, se logró tras múltiples litigios. La segunda fase requiere la colaboración con entidades gubernamentales para definir territorios y planes administrativos basados en los conocimientos indígenas. Actualmente, los consejos más avanzados son los del Territorio Mirití-Paraná, Bajo Río Caquetá, Yaigojé-Apaporis y Pani.
Juan Carlos Preciado, asesor de Gaia Amazonas, atribuye el lento progreso a la falta de articulación entre las entidades gubernamentales y a demoras injustificadas en los trámites.
En la Cumbre de Diversidad Biológica de 2022 (COP15), se reconoció el papel crucial de los pueblos indígenas en la protección de la biodiversidad. Datos del Ideam muestran que los territorios indígenas en proceso de formalización representan el 24 % de la Amazonia colombiana y mantienen el 95,2 % de sus bosques en pie.
Doris Ochoa resalta que la formalización de las ETI no solo garantiza la pervivencia de las culturas indígenas sino también la conservación de la biodiversidad. Un estudio del Instituto de Recursos Mundiales sugiere que reconocer formalmente estos territorios es una inversión de alto beneficio y bajo costo para la mitigación del cambio climático.
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