En menos de tres meses, la Contraloría General de la República le ha jalado las orejas dos veces al Gobierno por la manera como ha utilizado sus recursos para beneficiar a los colombianos.
En un avance de un estudio que aún no se ha terminado, Maya anticipó que en 2017 se destinaron 118,5 billones de pesos para sostener subsidios de distinto tipo. La cifra supera los 115,1 billones de recaudos de impuestos por actividad económica interna reportados por la Dirección de Impuestos y Aduanas, Dian.
Aunque el Departamento Nacional de Planeación, DNP, protestó porque sus cuentas del gasto en subsidios suman 72 billones de pesos, sigue siendo un monto considerablemente alto, que llega a un 9 % del Producto Interno Bruto, PIB, del país.
Al margen de la discusión sobre cómo se hicieron las cuentas, en el aire queda la duda de si la billetera del Estado ha ayudado a que en todo el país se cubran los propósitos sociales a un costo razonable y se mejore la distribución del ingreso para generar equidad.
Según información provista por el DNP, los 72 billones de pesos se destinan a un total de 62 programas dispersos en todo el Gobierno. Algunos de los más conocidos son Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.
Desde 2010, con la llegada de Juan Manuel Santos, el monto de los subsidios que se entregan en el país se ha incrementado en un 45% y según el DNP, la educación y las pensiones son los ítems en los que más se invirtió.
Sin embargo, los indicadores en cuanto a la reducción de la brecha social y la desigualdad muestran que existe un 26,9% de la población considerada pobre, 7,4% está catalogada en pobreza extrema y hay 65% de la población rural que vive en condiciones de pobreza, según el Dane.
Aparte, un informe publicado este año por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural reveló que Colombia es uno de los países con mayor brecha social entre regiones, solo superado por México y Guatemala. Eso quiere decir que existen una distancia cada vez mayor de bienestar entre departamentos prósperos (Antioquia) y otros con debilidades (La Guajira).
Entre 2015 y 2017, la Contraloría hizo un barrido general de obras sustentadas con regalías para elaborar el informe con el que se sustentó una aparente debilidad en la ejecución de estos recursos.
En esos dos años, se identificaron 62 obras en todo el país catalogadas como “elefantes blancos”. Son 336 mil millones de pesos los que se habrían gastado en estas.
Fuente: http://www.elcolombiano.com/colombia/billetera-desbordada-las-dudas-en-la-ejecucion-publica-JY9054597
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