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Suspensión de contratos con operadores del PAE en Cali. Y en Itagüí; no es acto el consumo del PAE.

La noticia publicada por el periódico EL PAÍS en la que detalla que la Secretaría de Educación de Cali suspendió el contrato con el Consorcio Luz del Valle, uno de los cinco operadores del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en la ciudad, debido a los constantes incumplimientos.


Imagen de Radio Colmundo

José Darwin Mejía, secretario de Educación de Cali sobre esta decisión expresó. “Hemos resuelto declarar la caducidad del contrato actuando dentro del rigor jurídico recogiendo todas las evidencias que las Instituciones Educativas Oficiales, IEO, a través de los Comités de Alimentación Escolar, CAE, nos han entregado. Este es un programa sagrado dado que integra los derechos de los niños y posibilita su adherencia al sistema oficial”.

En presencia de Dazuly Triviño Lamprea, docente oficial y representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutev, el funcionario encargado de la cartera de educación de la ciudad suspendió el contrato con Luz del Valle y exigió el pago de la cláusula penal por el 20% del valor del mismo, equivalente a $2.300.038.361.012.

De igual forma, el consorcio afectado declaró que presentará su recurso de reposición frente a esta decisión.

Cabe recordar que días atrás, la concejala Diana Rojas denunció las irregularidades y exigió a la Alcaldía tomar cartas en el asunto, pues estos incumplimientos de Luz del Valle afectaban a una gran parte de la comunidad educativa de la ciudad.


Por otro lado, en Itagüí las quejas son por el mal estado de los alimentos, que como en otras partes del país, es la inconformidad en las instituciones educativas donde llega el PAE.

Es tal la situación, que el 7 de marzo en la Institución Educativa Ciudad Itagüí (IECDI), la canasta de basuras se rebosó de desperdicios. Pero este no es el único colegio que ha presentado inconformidades frente al Programa de Alimentación Escolar de Itagüí (PAE).

Ese municipio firmó el 18 de mayo de 2021 un contrato de $31.429 millones —con las empresas Nutriser y Fundación Alimentarte (que va hasta el 2023)— para entregar, entre otras cosas, los almuerzos de los estudiantes. Y fue la entrada de un nuevo año escolar la que trajo las quejas, que van desde demoras en el servicio hasta alimentos mal preparados.

“Los espaguetis saben solo a ajo, el pollo está seco y el jugo sabe a cáscara de fruta”, manifestó Manuela Rojas, personera de la IECDI, quien calificó el alimento recibido como “incomible e indignante”.

Mientras Manuela enviaba este reclamo desde el barrio El Tablazo, en la vereda El Pedregal, doña Patricia Dávila pedía en los micrófonos de Hora 13 Noticias por atención para los alimentos de sus hijos de la I.E. María Josefa Escobar: “La comida está demasiado mal preparada. Necesitamos que se apersonen de la situación”.

Cuando las dos empresas operadoras del PAE en Itagüí se quedaron con la licitación asumieron el reto de preparar los almuerzos de 17.600 estudiantes de 35 restaurantes escolares.



Durante el momento más duro de la pandemia, la labor de los contratistas se redujo a entregar paquetes alimentarios, pero al regreso de las clases también tuvieron que encargarse de preparar los alimentos.

“Señor alcalde, le voy a compartir una fotografía, es de un almuerzo que repartieron ayer en el liceo Concejo: es lamentable y triste”, dijo el concejal Andrés Caro Sánchez durante una sesión realizada el pasado 3 de marzo en el Concejo de Itagüí, aludiendo a una imagen en donde se ve un almuerzo compuesto por un puñado de arroz, media rodaja de tomate y una porción pequeña de pollo.

En simultánea, la IECDI, en zona urbana y la María Josefa, de la zona rural, denunciaron el 7 de marzo que los almuerzos estaban mal cocinados.

“No solo tenía mal sabor, sino que era muy poco, obviamente ninguno de los chicos se comió el almuerzo y botaron todo. Era imposible que se lo comieran”, sostuvo una maestra, que pidió la reserva de su identidad.

En este punto, la nutricionista Gisela Pedraza le comentó a EL COLOMBIANO que en las fotos proporcionadas es evidente que los platos están mal servidos y explicó que los restaurantes escolares deben tener el plan de saneamiento básico “para garantizar la inocuidad y que los alimentos sean seguros para el consumo de los estudiantes”.

Andrés Escobar –rector encargado de la María Josefa– reconoció el 11 de marzo, en un comunicado, que se habían presentado inconvenientes con el PAE en su institución.

“En algunas ocasiones se ha retrasado la llegada de los alimentos (...), lo que genera más retrasos como en el caso del día 7 de marzo, en el que las porciones iniciales sí tuvieron un tamaño insuficiente por no llegar los alimentos a tiempo”, reza el pronunciamiento del rector.

Pedraza, la nutricionista consultada, afirmó que en muchos casos los estudiantes reciben como única alimentación el PAE y que si adicional a eso “el servicio no se les da con la cantidad y calidad que se espera, los muchachos tendrán aún mayor deficiencia en su estado nutricional”.

Pese a estos hechos, Escobar agregó que “los inconvenientes no son una constante” y que “no podemos desvirtuar lo positivo del servicio”.

El secretario de Educación de Itagüí, Guillermo León Restrepo, puso en duda las quejas. “Hemos visto en Facebook publicaciones que hacen personas particulares. Le toman una foto a algo que no sabemos en dónde, en qué momento, cuánto lleva consumido o quién lo estaba consumiendo”.

En su defensa, el funcionario envió fotografías que, según él, corresponden a los almuerzos que se entregan a diario en Itagüí. En ellas se ve abundante arroz y carne molida y hasta el plato está decorado con lo que parece una hojita de perejil.

El secretario añadió que el PAE se sirve en 35 sedes educativas y que “los trabajadores en cada sede, evidentemente, son diferentes y por eso es posible que haya ocasiones donde existan insatisfacciones y por eso está la interventoría”.

EL COLOMBIANO se comunicó con Lina María Sánchez Arroyave, quien figura en el contrato como la representante legal de la interventoría del contrato, quien se abstuvo de pronunciarse argumentando que la única entidad autorizada para hacerlo es la Secretaría de Educación.

Este diario también le solicitó al secretario Restrepo conocer una copia del último informe de la interventoría, pero el funcionario argumentó que dicho documento aún no era público, ya que estaba abierto a la “discusión entre operador e interventor”.


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