Sobre la Ley de Competencias y Recursos

Una de las discusiones más trascendentes que se avecina en el Congreso gira en torno a la Ley de Competencias y Recursos, tema que exige una preparación seria y en el cual resultan de gran utilidad tanto el proyecto de ley impulsado por la Federación Nacional de Departamentos como los trabajos de las comisiones previas.

Fuente: Panampost, extraído de: Y el Congreso de Colombia… ¿qué? 

La experiencia de la descentralización municipal en Colombia ha mostrado limitaciones: no ha logrado cerrar las brechas de desarrollo entre los territorios. El Sistema General de Participaciones (SGP), lejos de mejorar la equidad, ha mostrado una relación inversa a la que debería existir: las regiones con mayor pobreza reciben menores transferencias per cápita. Así, en vez de reducir las desigualdades en salud, educación e infraestructura, estas se amplían.

En materia fiscal la disparidad es evidente: la Nación recauda cerca del 80 % de los tributos (como renta e IVA), mientras los municipios solo el 14 % y los departamentos el 6 %. En cuanto al gasto, la Nación concentra el 68 %, frente al 9 % de los municipios y el 23 % de los departamentos. El SGP buscaba corregir estas diferencias aumentando la participación territorial en los recursos corrientes, pero las reformas constitucionales introducidas por el Acto Legislativo 01 de 2001 y el Acto Legislativo 04 de 2007 tuvieron un efecto recentralizador, reduciendo la participación de los entes territoriales a apenas el 22 % en 2022.

El Acto Legislativo 03 de 2024 pretende revertir esta situación, elevando progresivamente el porcentaje de los ingresos de la Nación destinados a las regiones hasta llegar al 39,5 % en el año 2038, con un periodo de transición de doce años a partir de 2027.

Los desafíos son enormes: Asegurar que los mayores recursos para salud se traduzcan en un mejoramiento real del sistema y de la UPC sin ser absorbidos por la corrupción; garantizar que la inversión en educación se enfoque en la calidad y no se diluya en disputas gremiales; y lograr que los fondos destinados a infraestructura de servicios públicos no terminen desviados en la administración local. Además, queda pendiente resolver cómo financiar la regionalización del país y las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) en su camino hacia convertirse en Regiones Entidad Territorial (RET).

La nueva ley deberá establecer con claridad qué funciones mantiene la Nación, cuáles serán trasladadas a los territorios y de qué manera se hará el seguimiento y control de esos recursos, respetando la autonomía regional. Igualmente, deberá equilibrar las cargas entre los territorios más avanzados y aquellos en rezago, incentivando además la generación de ingresos propios.

Aunque existe consenso sobre la necesidad de avanzar hacia un federalismo fiscal, también han surgido iniciativas que buscan beneficiar solo a las grandes capitales y debilitar al nivel central, como ocurrió con el referendo de autonomía departamental impulsado desde Antioquia, el cual finalmente no prosperó en el Congreso. Por ello, será fundamental analizar con cuidado el Acto Legislativo y los nuevos criterios de distribución que introduce.

En definitiva, el debate sobre la Ley de Competencias y Recursos será uno de los más relevantes y decisivos en el escenario legislativo próximo.

Fuente: Diario La Libertad, extraído de: Sobre la Ley de Competencias y Recursos - Diario La Libertad.