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Presiones fiscales del sistema de salud en Colombia, con y sin reforma

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) divulgó un estudio sobre la situación actual y las proyecciones del sistema de salud en Colombia, analizando tanto el modelo vigente como el escenario si se aprueba la reforma incluida en el proyecto de ley 410 de 2025 del Senado.

El propósito del documento es mostrar una radiografía de las fuentes de financiación y los usos del sistema actual, y los cambios que surgirían si entra en vigor la reforma. Además, confronta estas proyecciones con el aval fiscal más reciente del Ministerio de Hacienda, emitido el 20 de agosto de 2025, para revisar diferencias en ingresos, gastos, metodologías y posibles impactos fiscales entre 2026 y 2036.


El Carf resalta que el sistema de salud presenta un déficit estructural que crecería del 1,9% del PIB en 2024 al 3,7% del PIB en 2036. Según sus cálculos, los gastos del sistema aumentarían con la reforma en 1,6 puntos del PIB entre 2026 y 2036, mientras que el Gobierno estima un incremento de 1,4 puntos.


El informe advierte que la reforma profundizaría el desbalance fiscal del sistema, ya que exigiría un mayor aporte de la Nación para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. Con la reforma, el aporte del Estado subiría 2,3 puntos del PIB entre 2025 y 2036 (1,5 puntos entre 2026 y 2036), frente a un aumento de 1,7 puntos sin reforma (1,3 puntos entre 2026 y 2036).


Estado actual del sistema

El Carf proyecta los ingresos y gastos del sistema de salud para 2025-2036 bajo el modelo vigente. Los ingresos, sin incluir recursos de la Nación, crecerían sostenidamente en términos reales, pasando de $67,4 billones en 2026 (3,6% del PIB) a $92,2 billones en 2036 (3,7% del PIB). En promedio, el 55,2% proviene de cotizaciones (incluyendo REX y adicionales), el 31,3% del Sistema General de Participaciones y el 13,4% de otras fuentes.


Por el lado del gasto, el crecimiento sería más acelerado: en promedio, 5% real anual frente al 3,3% de los ingresos sin aporte Nación. La atención en salud (UPC y presupuestos máximos) es el rubro de mayor crecimiento, con un promedio anual de 5,3%. Entre 2026 y 2036, los gastos totales subirían de $112,8 billones (6% del PIB) a $184,7 billones (7,4% del PIB), destinando en promedio 89,8% a atención en salud, 4,7% a presupuestos máximos y 5,5% a otros gastos.


El Comité subraya que la mayor parte de los recursos se concentra en el aseguramiento individual y que la presión fiscal es alta porque la Nación cubre el faltante mediante transferencias.


La reforma aumentaría la presión fiscal

El análisis concluye que la reforma generaría un costo adicional promedio de 0,5 puntos del PIB frente al sistema actual. Este mayor gasto está asociado al fortalecimiento de la red pública, prestaciones de maternidad para mujeres no cotizantes, incentivos a la calidad, unidades zonales de planificación y la formalización del personal de salud.


En contraste con las cifras del Gobierno, el Carf calcula un mayor gasto promedio equivalente a 0,7 puntos del PIB, debido a que proyecta obligaciones más altas. En general, estima que los usos del sistema con reforma crecerían 1,6 puntos del PIB entre 2026 y 2036, mientras que el Gobierno proyecta un aumento de 1,4 puntos.


El esfuerzo fiscal adicional que tendría que asumir la Nación con la reforma sería, según el Carf, de 0,5% del PIB en promedio, acumulando cerca de $126 billones constantes de 2025 entre 2026 y 2036. Para estas proyecciones, mantiene la misma senda de ingresos del sistema actual y solo incorpora los impuestos saludables como ingreso extra, descontándolos del aporte nacional. En los gastos incluye todas las nuevas obligaciones: fortalecimiento de la red pública, formalización laboral del sector salud, saneamiento hospitalario y un crecimiento más alto en la atención primaria y en la atención de mediana y alta complejidad.


Aval fiscal del Gobierno

De acuerdo con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, los gastos pasarían de $109,9 billones (5,9% del PIB) en 2026 a $180,5 billones (7,3% del PIB) en 2036, lo que implica un aumento de 1,4 puntos del PIB en diez años.


Este incremento refleja más inversión en Atención Primaria, Mediana y Alta Complejidad, prestaciones económicas (2,6%) y nuevos usos derivados de la reforma: maternidad para no cotizantes, becas, fortalecimiento institucional, fondo de desastres, saneamiento hospitalario, incentivos a la calidad y las Unidades Zonales de Planeación.


El Ministerio advierte que los incentivos a la calidad y las UZP dependerán del comportamiento de la demanda en los servicios de mayor complejidad, lo que podría generar presión fiscal ante cambios demográficos, tecnológicos o epidemiológicos.


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