SEPTIEMBRE 04, 2020
La contraloría criticó la política ambiental del gobierno y advirtió que el recurso pesquero del río Magdalena ha bajado en un 70% en los últimos 40 años.
El viernes 4 de septiembre la Contraloría General de la República presentó el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (IERNA), donde se examinó el papel estatal de los últimos mandatos en cuanto al componente ambiental, además de evaluar las metas ambientales del gobierno actual, donde se indica que estas son cuanto menos “tímidas”, reflejándose una importante reducción presupuestal para el sector ambiental del país (-12% entre 2017 y 2018 y -21 % entre 2018 y 2019), que no iría en aras del “pacto de sostenibilidad” fijado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020.
Esta disminución del presupuesto aunada a problemas estructurales en el manejo de los recursos por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales según el ente de control ejecutaron solo el 69% de los 3,5 billones que poseían de presupuesto para el 2019, mostrando así que solamente se recibieron poco más de la mitad de los bienes y servicios contratados para la vigencia. Entre los apartados evaluados se encuentran la lucha contra la emisión de los gases de efecto invernadero y la protección del recurso hídrico.
En cuanto al segundo ítem se hace hincapié en la importancia de los 1.528 Km que cubre el Río Magdalena, en relación con el marcado cambio en las dinámicas del mismo gracias a factores diversos, tales como el deterioro de su sistema de humedales por actividades de producción agropecuaria; el aumento en el vertimiento de residuos al rio como consecuencia del aumento poblacional y un deficiente sistema de alcantarillado; la contaminación por agentes químicos como el mercurio (usado en la minería de oro artesanal); y el papel de las hidroeléctricas, las cuales, aunque generan pocas emisiones, tienen un amplio impacto ambiental puesto que “modifica ecosistemas, afecta socioeconómicamente a la población del área o cambia el paisaje”, dice la Contraloría.
Como resultado de estas y otras actividades según cálculos de Cormagdalena el rio descarga 10.773 toneladas de sedimentos por hora al mar, lo cual tendría una influencia directa en la marcada disminución del recurso pesquero que según la autoridad nacional pesquera entre los años 1975 al 2016 presento una disminución cercana al 70%, lo que además de generar perdidas en cuanto a la diversidad medio ambiental, indica una perdida en la capacidad de la fuente hídrica para proveer la dieta alimenticia de quienes viven en su zona de influencia. Un ejemplo claro de lo anteriormente nombrado es que en 1987 se pescaban en este afluente 46.271 toneladas de bocachico, mientras que para el 2016 esta cifra solo fue de 9.349 toneladas.
Según el informe de la contraloría no solo el control del recurso hídrico presentaría metas poco ambiciosas, sino que por esta misma vía se encontraría la lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que pareciese ser que la inversión se esta asignando inversamente proporcional al crecimiento de la problemática, por lo cual el gran objetivo nacional enmarcado en el “pacto de la sostenibilidad” de contar con un ambiente sano y hacer uso sostenible de los recursos naturales en función de mejorar la calidad de vida actual y futura de los habitantes del país, parece presentarse contradicho por las debilidades y carencias que persisten en la política publica ambiental.
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