15 Octubre 2019
Contraloría detecta hallazgos fiscales por más de $500 millones.
La Contraloría General de la República a través del Delegado para el Sector Social a cargo de Julio César Cárdenas Uribe dio a conocer los resultados de la auditoría realizada al manejo de los recursos del Sistema General de Participación (SGP) en el municipio de San Benito para la vigencia 2018 y en ello su alcalde Agustín Villarreal González salió muy mal librado.
Según el ente de control, fueron detectados 39 hallazgos administrativos de los cuales 22 tienen incidencia fiscal por más de 520 millones de pesos, es decir, que el alcalde Villarreal González deberá responder por ese monto ante el ente de control dado que en las respuestas que entregó a la Contraloría para controvertir los hallazgos antes de ser liberados, es decir, ratificados en segunda instancia, no logró demostrar el paradero de esos dineros.
Adicional a ello deberá responder ante la Procuraduría General de la Nación por tres hallazgos con alcance disciplinario y ante la Fiscalía General de la Nación por 23 hallazgos que tiene incidencia penal.
En el informe de 187 folios y al que tuvo acceso este medio también es claro que la Contraloría General de la República le hace saber al mandatario que hay 10 hallazgos con otras incidencias y que le será aperturado un proceso administrativo sancionatorio.
El informe muestra también una tabla que reseña las 10 investigaciones tanto de carácter disciplinario como fiscal que tiene el alcalde de San Benito desde el año 2017 en la Procuraduría y la Contraloría.
La Contraloría para emitir este informe revisó los manejos de los recursos del SGP entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018 y logró detectar que en los sectores de educación, salud, propósito general, agua potable, alimentación escolar, Ley de Víctimas y postconflicto no hubo un buen manejo de los recursos auditados que suman 14 mil 765 millones 724 mil 969 pesos.
Por ejemplo, en el sector educación hubo dos contratos por más de 761 millones de pesos que son el 94,8% del total de ese componente; hubo 78 millones de pesos para atención a víctimas, en salud pública dos contratos millonarios y no hay soportes de los mismos.
La Contraloría en términos generales dice que “el manejo que le dieron a estos recursos fue adverso porque no resulta conforme con los incumplimientos materiales identificables en el desarrollo de la auditoría”.
Reprocha el ente de control que los recursos de participación para la cultura, que son 64 millones 421 mil pesos, los embargaron; que en educación no fueron incorporados al presupuesto de ingresos y gastos los rendimientos financieros de más de 2 mil 500 millones de pesos; que en una actividad de agua potable faltaron $51 millones; en salud hay inconsistencias entre afiliados fallecidos y los retirados entre las vigencias 2012-2016.
Además hay pagos injustificados por 190 millones de pesos y como si fuera poco pagaron más de 13 millones de pesos por concepto del Programa de Alimentación Escolar (PAE) sin que esto hubiese llegado a los beneficiarios y en el 2017 no ejecutaron PAE.
No hizo nada la Alcaldía de San Benito en el 2018 para darle cumplimiento al Plan de Mejoramiento que la Contraloría les exigió desde el 2013.
En los contratos de obras civiles también hallaron muchas inconsistencias y pagos efectuados aún siendo evidentes faltantes de obras.
Comments