15/06/2022
Sin arrancar aún operaciones, ya hay críticas sobre el contratista que entregará los alimentos a los estudiantes de colegios oficiales en la ciudad.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena ha estado en el ojo del huracán desde hace varios años y el nuevo contrato, adjudicado el pasado lunes a la Unión Temporal Bapacop Cartagena 2022, no es la excepción.
La turbulencia en esta adjudicación, realizada a través de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) luego de tres procesos declarados desiertos, se centra en quiénes integran la unión temporal seleccionada para operar el PAE en la ciudad: la Fundación Banco de Alimentos Paz con Propósito y Francisco Javier Sandoval Buitrago (FJSB).
Los primeros en salir a cuestionar al nuevo operador, que tiene 10 días para el alistamiento y comenzar a entregar las raciones industrializadas y almuerzos en los colegios públicos, fueron los concejales Óscar Marín y Lúder Ariza.
Marín aseguró que la Fundación Banco de Alimentos Paz con Propósito no cumpliría con los requisitos necesarios para prestar el servicio.
“El nuevo operador no tiene la infraestructura que aquí se exige que tengan, la bodega de almacenamiento, transporte refrigerado, marítimo y terrestre para atender 181 sedes educativas tanto en corregimientos como zona insular”, indicó el cabildante, mientras que Ariza reseñó un video en el que se cuestiona los antecedentes del contratista Francisco Javier Sandoval Buitrago, dueño de la empresa FJSB, que aparece registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2001 e inscrita en el Registro Único de Proponentes desde 2009.
Sobre los contratistas
La Fundación Banco de Alimentos Paz con Propósito, matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2015 y desde 2017 está habilitada para concursar por contratos con entidades públicas, fue controversial al ganarse el contrato del PAE en Chía (Cundinamarca), en 2021.
Según veedurías ciudadanas, la Fundación presentó como experiencia una certificación con una pescadería en Bogotá, la cual su patrimonio no superaba los 500 millones de pesos. Ese contrato, inicialmente, la Alcaldía lo firmó por $6.600 millones, pero con las adiciones tuvo un valor final de $9.963 millones.
Por su parte, Francisco Javier Sandoval Buitrago, a quien llaman ‘Morrongo’, fue señalado por paramilitares de, presuntamente, financiar grupos de este tipo entre el 2002 y 2008. También de haber adquirido diferentes predios a partir de la supuesta presión ejercida por este grupo sobre sus antiguos propietarios.
El exintegrante de las AUC Pedro Pablo Hernández lo señaló, además, en 2020 de ser el responsable de varios crímenes.
Todos esos señalamientos contra Sandoval no han sido obstáculo para que su empresa FJSB, que es proveedora de alimentación y servicio de catering, haya sido contratada en varias ocasiones por instituciones estatales y militares. Entre ellas, el Ejército Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Inpec, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Antioquia.
Cuestionamientos a la BMC
Lo cierto es que esta nueva adjudicación vuelve a evidenciar que la contratación por Bolsa Mercantil no garantiza que la ejecución del PAE esté libre de malas prácticas y quejas por la calidad de los alimentos, pese a haber sido implementada por el Distrito como una estrategia para evitar que empresas con líos a cuestas operen el programa.
Frente a ello, el concejal Óscar Marín sugirió nuevamente que la contratación del Programa de Alimentación Escolar se realice mediante una licitación pública, pues este método, aunque más demorado, permitiría encontrar un mejor oferente que garantice la ejecución del plan y la alimentación para los niños.
Los cabildantes Javier julio, Sergio Mendoza y Carlos Barrios apoyaron lo expuesto por Marín.
Frente a los señalamientos a la Unión Temporal Bapacop Cartagena 2022, la Bolsa Mercantil sostuvo que esta cuenta con la experiencia, certificación y habilitación para prestar el servicio de alimentación a los estudiantes.
“Todos los oferentes que participaron fueron habilitados por la Bolsa Mercantil, tras previa verificación detallada del cumplimiento de todos los componentes jurídicos, técnicos y financieros. Se consultaron fuentes públicas de antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales en las páginas de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Policía Nacional, incluyendo la revisión de certificados de existencia y representación legal, registro único de proponentes, listas restrictivas, entre otros documentos y fuentes, todo lo cual no generó alguna alerta sobre el particular”, precisó la BMC.
Añadió que estará vigilante del cumplimiento del contrato, para garantizar el bienestar y la atención óptima e integral de los menores.
“La BMC no tolerará ningún acto que ponga en riesgo la salud y bienestar de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de este PAE, por lo que ratifica que cualquier incumplimiento por parte del operador, de sus obligaciones, será sujeto de las medidas y sanciones a que haya lugar”.
Qué dice el Distrito
Olga Acosta Amel, secretaria de Educación Distrital, aseguró que desde su equipo de trabajo garantizarán el control necesario para que el nuevo contratista cumpla con lo que le toca. “Este es un desafío a nivel de país también. Sabemos que hay que prestarle toda la atención. Vamos a garantizar todo el control necesario para que el contratista que llegue, cumpla todos los propósitos de esta estrategia de permanencia. Tenemos un equipo fuerte que hace la auditoría, unos rectores y docentes comprometidos para que ese nuevo operador le cumpla a la ciudad, en especial a nuestros niños y niñas”, advirtió Acosta.
Comments