Las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no han parado en los últimos años, y con corte al 2 de julio, la Contraloría General de la República adelanta 184 actuaciones de responsabilidad fiscal relacionadas con recursos del programa por una cuantía estimada en $ 47.947,9 millones. En esas actuaciones, relacionadas con sobrecostos y mala administración, hay 32 indagaciones preliminares por $ 1.471,7 millones, y 152 procesos de responsabilidad fiscal cuya cuantía es de $ 46.476,2 millones.
Por regiones, Caribe es la que más procesos concentra, con 65 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de $ 20.818'969.193; le siguen Llanos Orientales, con 17 por $ 8.054'563.151, y Pacífico, con la misma cantidad de procesos, pero por $ 2.507'980.882. La región Centro-Sur tiene 16 procesos por 1.570'057.827 pesos; Centro-oriente concentra 13, que cuestan $ 2.347'436.356. Luego aparecen el Eje Cafetero con 12, por una cuantía de 1.700'212.835 pesos, y la región que la Contraloría agrupa como central, en este caso, con procesos por $ 9.477'016.416. En cuanto a las 32 indagaciones preliminares, el listado lo lidera Centro-oriente ($ 397’419.889), seguido de Caribe con 7 ($ 565’763.207), Centro-sur también tiene 7 por $ 481’821.956; Eje Cafetero tiene 6 por una cuantía de 26’715.300 pesos. Llanos Orientales (2) y Pacífico y nivel central, con una cada uno, tienen indagaciones con cuantías aún por determinar.
En los contratos en los que el órgano de control tiene la lupa hay, entre otros, uno por más de cinco mil millones de pesos en Arauca, de 2015, por sobrecostos y el no mejoramiento de los menús brindados a los niños. En este mismo contrato, la Contraloría también encontró que se subcontrató el servicio de alimentación con valores por ración por debajo de lo pactado.
También se halló un contrato de 2011 por más de 3.198 millones de pesos en Cartagena en el cual hay un presunto daño patrimonial porque los registros de población beneficiaria del programa están duplicados en el papel al compararlos con información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Otras de las irregularidades tienen que ver con que departamentos pagan los refrigerios a precios por encima de los que paga el Ministerio de Educación, por esto, por ejemplo, hay un proceso contra Norte de Santander por un contrato de 2015 por 1.583 millones de pesos.
También se han encontrado casos como uno en Bogotá, en 2016, por 330 millones de pesos, en el que se evidenció que dentro del estudio previo se cargaron al valor de la ración costos que no tenían nada que ver y que debía asumir el contratista, como impuestos por estampillas, pólizas y gastos administrativos que se cobraban por cada una de las raciones de desayuno y almuerzo.
En casos un poco más recientes, el año pasado, en Quibdó, se detectó que en febrero se canceló un mayor valor por las raciones que lo que realmente se suministró y certificaron los rectores de las instituciones educativas, por este motivo se habrían comprometido $ 67'614.732 de recursos públicos.
Luego del seguimiento que ha hecho la Contraloría también hay resultados, de hecho, al 2 de julio se registran 290 actuaciones terminadas, entre las que se destacan 25 procesos con fallos de responsabilidad fiscal en los que se sancionó a los responsables con 6.822'386.992 pesos.
A esto se suman 29 en los que hubo una cesación de la acción fiscal por resarcimiento o reintegro de los bienes, por una cuantía de 1.201’149.510 pesos.
Juan Carlos Martínez Martín, director de la Unidad de Alimentos para Aprender, que desde 2020 es la entidad rectora del PAE, dijo que desde el Gobierno están implementando acciones para disminuir los riesgos de irregularidades en el programa, que beneficia a 5’689.190 estudiantes y tiene una inversión de 2,4 billones de pesos.
En primer lugar, comentó, están trabajando para que a través de su página web cada ciudadano pueda ver los menús, calidad y cuántas raciones deben entregarse en cada una de las sedes en las que hay PAE; allí mismo, los ciudadanos podrán reportar si no se están cumpliendo esas condiciones.
También se trabaja en una plataforma que permita comparar los costos de cada uno de los contratos del PAE en el país.
Por último, contó que en el Congreso avanza un proyecto de ley que permitiría que se garantice el inicio oportuno del servicio durante todo el calendario. Esto porque, explicó, hoy hay un cuello de botella por la imposibilidad de entidades territoriales de adelantar los procesos contractuales con tiempo suficiente, puesto que deben esperar a que se apruebe el Presupuesto General de la Nación para saber las asignaciones, y eso es casi a final de año. Solo después de la aprobación del Presupuesto General, indicó, pueden comenzar las licitaciones, y el proceso licitatorio puede durar varios meses.
“Cualquier peso robado del alimento de un niño merece la más dura sanción, no pienso evitar sanciones, hay que hacer todo más público posible para que los hampones le tengan miedo al control social”, concluyó el director frente a los esfuerzos porque haya más publicidad y transparencia en el PAE.
Comments