20 de noviembre de 2019
Así lo informó la gerente (e) del ente de control en el Departamento, Sara Elena Toro, quien informó de los casos en la rendición de cuentas de la entidad, que presidió en Riohacha.
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El primer tema tiene que ver con el municipio de Albania, donde la Contraloría advirtió un daño patrimonial por valor superior a los cuatro mil millones de pesos, que tiene relación con el convenio de Cooperación y Cofinanciación No. 010 del 10 de marzo de 2011, donde no se evidencia la ejecución de ninguna actividad por parte del contratista y se notó que las actividades que se iniciaron y no se terminaron están expuestas al deterioro y pérdidas, encontrándose tramos viales intransitables y otros sin intervenir.
El municipio ha desembolsado al contratista del convenio el 87,4% de los recursos de sus aportes, sin embargo el porcentaje de ejecución está muy por debajo con respecto a lo desembolsado, calculándose el presunto faltante por actividades por ejecutar y daño patrimonial.
En el municipio de Maicao, como resultado de una auditoría al Sistema General de Participaciones –SGP– en la vigencia 2011, al cruzar la base de datos del Sistema Integrado de Matrículas –Simat– de la Secretaría de Educación de la localidad con los consolidados de notas aportados por los diferentes establecimientos educativos, centros indígenas e instituciones indígenas rurales, se encontraron 2.615 niños que no se reflejan en la lista de asistencia; determinándose un presunto detrimento de $3.108.64 millones.
También se alertó sobre el resultado de la Auditoría Especial a las regalías recibidas por el departamento de La Guajira, donde se evidenció que el contrato de empréstito firmado con el Birf por valor de US$ 90 millones con destino al Plan Departamental de Aguas, no ha sido utilizado en forma oportuna, y se han generado desde 2007 a 2010, pagos por concepto de primas de compromisos, por valor de $1.484 millones sin que los recursos hubieren cumplido el fin para el cual fueron asignados.
Estos pagos se generaron en cumplimiento de las condiciones del Birf, que establecen que ante la no utilización oportuna del crédito se generarían este tipo de multas. Otro caso tiene que ver con el municipio de Albania como resultado de una Actuación Especial de Regalías realizada sobre las vigencias 2011, 2012 y 2013, se observó contratación de obras en zona de alto riesgo (tramos de tubería del agua potable y alcantarillado), en cuantía de $2.725.32 millones.
También se informó de otro daño patrimonial por valor de 1.566 millones de pesos, resultado de una actuación especial a los recursos del SGP de La Guajira (vigencia 2014). Se realizó análisis a la contratación de servicio educativo con los diferentes operadores, encontrando irregularidades en la ejecución del contrato No. 255 de 2014, dado que se evidenció que se cancelaron valores por concepto de 2.192 niños que no fueron atendidos y los cuales no fueron reintegrados. Cuantía del detrimento: $1.566 millones.
En el período comprendido entre octubre del 2018 y septiembre de 2019, se detectaron 80 hallazgos administrativos, 48 disciplinarios y 19 fiscales.
En ese mismo sentido, la Contraloría General de la República Gerencia Guajira, logró recuperar dineros públicos por $31.35 millones por archivos por pago o resarcimiento; recaudos por jurisdicción coactiva $1.549.175 y por imposición de sanciones la suma de $ 8.338.344.
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