Competencias, recursos y autonomía: lo que piden las regiones al Gobierno nacional
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Durante el encuentro Ruta Regiones: un desafío por la descentralización, realizado en Montería con la participación de expertos, autoridades territoriales y representantes del Gobierno Nacional, se hizo un llamado contundente a transformar el modelo fiscal y administrativo del país. La demanda central de las regiones es clara: mayor autonomía para decidir sobre sus recursos, acompañada del traslado real de competencias y una distribución más equitativa del presupuesto nacional.
Organizado por Prisa Media y la Federación Nacional de Departamentos, el evento reunió a 12 expertos de distintos sectores en la Universidad del Sinú, quienes coincidieron en que el actual sistema centralista está generando bloqueos para el desarrollo local. “El centralismo ha sido uno de los grandes males del sistema político, porque viene acompañado del autoritarismo y populismo, y trae atrasos desde el punto de vista económico, además de trancar las reformas sociales”, señaló Fernando Carrillo, vicepresidente del Grupo Prisa.
Actualmente, según cifras expuestas por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, el 85 % de los recursos que ingresan a las regiones son administrados por el nivel central, mientras que apenas el 10 % se distribuye entre los 1.104 municipios y el 5 % restante va a los 32 departamentos.
“Los gobernadores no estamos en contra del Gobierno nacional. Estamos a favor de los colombianos y de nuestras regiones. Yo me apego a esta coyuntura de descentralización para proponer que hagamos una consulta popular sobre los problemas estructurales de las regiones”, declaró Zuleta.
Otro tema clave del encuentro fue la rigidez del SGP, que establece porcentajes fijos para sectores como educación (58,5 %), salud (25,4 %), agua potable (5,4 %) y propósito general (11,6 %), lo que limita la capacidad de los entes territoriales para priorizar inversiones según sus necesidades.
En ese sentido, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, insistió: “No se trata de cuál es la mejor reforma, si la que plantea Fedemunicipios, Asocapitales o la Federación Nacional de Departamentos, sino cómo el Gobierno recoge todo ese sentir de los territorios y presenta un proyecto de ley unitario”.
Los panelistas también abordaron desafíos estructurales como el acceso a agua potable, la crisis tarifaria en la región Caribe y la pobreza energética. Según cifras del Ministerio de Vivienda, más de 13 millones de colombianos no tienen acceso adecuado a agua potable, el 44,9 % de las aguas residuales urbanas no se tratan y 1,5 millones de personas aún practican la defecación al aire libre.
“La reforma al SGP es una gran oportunidad para que las entidades territoriales puedan definir cómo invertir y dónde. También para ampliar el acceso a otros servicios públicos que impactan directamente en la reducción de la pobreza energética”, aseguró Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas. Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, advirtió que “más del 65 % de los colombianos recibe subsidios energéticos, pero muchos no los necesitan. Este es otro tema que debe revisarse con urgencia”.
La conclusión del evento fue clara: la descentralización no significa actuar por fuera del marco legal. Como lo explicó el economista Daniel Castellanos, asesor del Ministerio del Interior, “lo que se busca con esta reforma es una nueva distribución de los recursos, pero los gobernantes no podrán invertir en competencias que la ley no les haya asignado. La idea es que puedan decidir autónomamente en qué gastar, pero sin desarmar el presupuesto nacional”.
Las regiones reiteraron su disposición para trabajar de manera conjunta con el Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil, en la construcción de un nuevo modelo de gestión pública. Un modelo, dijeron, que honre los principios de la Constitución de 1991: descentralización, equidad y democracia efectiva.
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