AGOSTO 26, 2020
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Ante los hechos ocurridos en la vía que comunica a los dos municipios, el alcalde de Salamina declaró situación de calamidad pública, lo cual confirma los temores expresados con anterioridad por alcaldes de la región.
Un tramo del proyecto de la Vía de la Prosperidad que comunica a Salamina y El Piñón fue fuertemente afectado por la erosión del Río Magdalena; dejando incomunicados a los municipios. Esta situación había sido advertida en una reunión extraordinaria llevada a cabo por 11 alcaldes del Magdalena, donde alertaban acerca del aumento de la cota del río y el riesgo inminente de desbordamiento en este sector, que podría desencadenar en una gran inundación de mayores proporciones a la ocurrida en noviembre del 2010, donde según estimaciones, más de 220 mil hectáreas podrían verse afectadas.
El hecho en cuestión es debido a la fuerte sedimentación presentada en el sector que ha llevado al surgimiento de islotes que afectarían el comportamiento del afluente; generando erosión en la bancada del sendero. Por ende, esta situación parece ser un hecho recurrente, puesto que para finales del 2019 en esta misma sección se había presentado un boquete por las mismas causas.
El impacto económico y social que genera el rompimiento de la vía, ha llevado a la declaratoria de emergencia en el municipio de Salamina, donde con apoyo de la gobernación del Magdalena y la Corporación autónoma regional del Rio Grande de la Magdalena, se solicitó intervención al Ministerio de Transporte en tres medidas articuladas; un nuevo trazado de 80 metros, dragados en un islote cercano y la construcción de una barrera de contención, en la que también se dejó constancia de que la gobernación está en disposición de hacer causa común con el aporte de recursos, los cuales se sumarán a los que ejecutará el municipio de Salamina en el marco de la declaratoria de calamidad pública por cuenta de la emergencia de la erosión.
Ante esta petición la ministra de Transporte Ángela Orozco le aseguro al gobernador del Magdalena Carlos Caicedo que ya se están realizando las respectivas gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico: “puede contar con nosotros. Ya estamos mirando la viabilidad jurídica para ver si se pueden disponer los recursos de ese convenio”.
Según Cormagdalena, se estima que se haría necesaria una intervención conjunta con un costo de 25 mil millones de pesos para dar una solución integral a la problemática y evitar lo que aunado a la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19 desencadenaría una situación de magnas proporciones con una gran perdida económica social y ambiental.
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