11 de Diciembre de 2019
Con ‘tutelatón’ particulares lograban millonarios tratamientos para niños y jóvenes.
Entre el 2010 y el 2016, la Corte Constitucional seleccionó para revisión 37 tutelas que tenían algo en común: en 36 de esos recursos particulares se solicitaba ante los jueces que se autorizaran costosas terapias especializadas para niños y jóvenes entre los 2 y 20 años que supuestamente tenían alteraciones físicas, sensoriales o cognitivas.
Y en la tutela número 37, la IPS Funtierra pedía que la Gobernación le pagara las terapias que supuestamente había dado a 500 niños que consiguieron esos tratamientos con 45 tutelas.
En una decisión sin precedentes, que se basó en un análisis constitucional y abarcó una investigación de los últimos 9 años para poder determinar lo que estaba detrás de esos recursos judiciales, la Corte Constitucional no solo acaba de rechazar todas las tutelas.
En el fallo, conocido por EL TIEMPO, también les pidió a la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Judicatura y hasta al Tribunal de Ética Médica que investiguen y tomen medidas frente a las “eventuales irregularidades” que encontró la Corte.
Se trata de terapias de comportamiento ABA, musicoterapia, con animales, sensoriomotriz, halliwick, entre otras, que no están cubiertas por los planes obligatorios de salud por dos razones: la primera, porque en muchos casos corresponden más a servicios educativos, y la segunda, dice la Corte, porque “no existe evidencias científicas sobre su seguridad y eficacia”. Además, muchas de las patologías prescritas por los médicos no corresponden realmente a riesgos para la salud.
En cambio, los servicios sí tienen un alto costo para el sistema de seguridad social. En los servicios no solo se cobraba por las terapias, también por el transporte, alimentación y hasta viáticos.
Dentro de esta estrategia que presuntamente defraudó recursos públicos habrían estado involucrados jueces, médicos, IPS, EPS y funcionarios. Por eso la Corte pidió investigar a los médicos que no declararon “conflictos de intereses” –pues en muchos casos ordenaban los tratamientos para que se practicaran en las IPS de las que ellos hacían parte– y que prescribieron tratamientos “sin sujeción a los protocolos médicos”.
La Corte también pidió investigar a las IPS por promover un acceso al sistema público de salud que podría no responder al interés superior del niño, y podría afectar la transparencia, así como la operatividad del sistema de salud.
También a funcionarios judiciales que habrían tomado acciones irregulares en el reparto y decisión de las tutelas, y a “los abogados que habrían promovido ante los estrados judiciales esquemas irregulares de acceso al sistema público de salud”.
El mecanismo era el mismo: los niños, principalmente de la Costa, eran atendidos por médicos particulares que los diagnosticaban con torpeza motora, retardo en el neurodesarrollo, trastorno del aprendizaje, síndrome de Down, hiperactividad, déficit de atención, autismo, trastorno de ansiedad y otras alteraciones que, en realidad, en muchos casos no tenían.
Esos mismos médicos, que no hacían parte de la EPS a la que estaban vinculados los menores, les ordenaban terapias especializadas que no estaban en los planes de salud, pero que coincidencialmente sí eran ofrecidas por una serie de hospitales y clínicas. Muchas veces no pedían esas terapias ante las EPS, sino que acudían a las tutelas para que los jueces ordenaran los tratamientos.
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